Saldaña reconoce que faltan 7.000 plazas en las residencias de ancianos

Las residencias para la tercera edad que hay en Andalucía dan cobertura a 20.700 ancianos, lo que supone 2,5 plazas por cada mil personas mayores de 65 años. Para la Consejería de Asuntos Sociales la tasa ideal se sitúa en 3,5, lo que significa que faltan en torno a 7.000 plazas para alcanzar los niveles deseables. El consejero Isaías Pérez Saldaña se ha puesto como meta cubrir ese déficit al final del año 2000. Para ello comprometió el apoyo de la Junta, que prevé crear 3.000 plazas en el próximo bienio.

La Junta llevará adelante este objetivo mediante acuerdos con ayuntamientos y diputaciones. Pérez Saldaña exhortó a la iniciativa privada a abrir otras 4.000 camas, de manera que se cubra el déficit de las 7.000 plazas. En opinión del consejero, aunque en otros países europeos el número de camas por anciano es más alto, en la comunidad no conviene pasar del 3,5 porque muchas familias integran en su seno a los mayores. La Consejería trabaja en el anteproyecto de ley del Mayor, uno de cuyos puntos más novedosos es la competencia que otorga a la Administración de denunciar ante la fiscalía a aquellos hijos que "expolien patrimonialmente" a sus padres antes de abandonarlos en residencias aduciendo situación de emergencia social. Para ello, se estudiará la situación patrimonial del solicitante durante los cinco años anteriores a la entrada en un centro de la tercera edad. La propuesta no es gratuita. Según Pérez Saldaña, la experiencia de los técnicos de Servicios Sociales demuestra que muchos hijos "dejan en la calle" a sus padres y luego le "endosan" la responsabilidad de su manutención a las administraciones. Ley del Discapacitado El texto legal, que carece de un marco estatal, se presentará a finales de junio en el Parlamento una vez que se debata con las organizaciones sociales. La Consejería también prepara el texto de la ley del Discapacitado, uno de cuyos objetivos es la inserción laboral de los minusválidos psíquicos. La legislación vigente exige la reserva del 3% del empleo público para las personas con discapacidad, cupo que, prácticamente, copan los minusválidos físicos, generando un desequilibrio que, a criterio de la Administración andaluza, debe corregirse. Consejería de Asuntos Sociales pretende cerrar un acuerdo con grandes superficies cara a dar salida laboral a los discapacitados físicos -que hasta ahora suelen estar en trabajos "escondidos"- y ubicarlos, por ejemplo, de cajeros. De esta forma se pretende cumplir dos objetivos: generar empleo para el colectivo y sensibilizar a la sociedad.