Barrionuevo: "Todo lo que estoy pasando es un sucio ajuste de cuentas disfrazado"

El ex ministro del Interior José Barrionuevo, procesado en el caso GAL por el secuestro de Segundo Marey -el 4 de diciembre de 1983- y que el lunes se sentará en el banquillo de los acusados con una petición fiscal de 23 años de cárcel, asegura en una entrevista a Europa Press que lo que está pasando es un "sucio ajuste de cuentas de carácter político disfrazado de procedimiento judicial". Barrionuevo, que dice afrontar el juicio con "serenidad cabreada" pero sin miedo, recalca que si se produjera una sentencia condenatoria no admitiría el indulto porque se considera inocente.

, José Barrionuevo confía en obtener un "juicio justo", a pesar de que, en su opinión, ya tiene una "sentencia condenatoria" por parte del "juicio paralelo" al que ha sido sometido en los medios de comunicación. "En este momento hay una sentencia ya pronunciada en un juicio paralelo. Esa sentencia es condenatoria. En ese juicio paralelo ya se ha emitido la sentencia", subraya.Cuando se le pregunta si se siente maltratado por los medios de comunicación, responde: "No, no... Me siento maltratado por una persona que tiene una gran potencia o poder en los medios de comunicación. Pero espero que se haga justicia, que los jueces actúen de una forma independiente y que resuelvan con arreglo a lo que se alegue y se pruebe. Quiero tener el derecho que tienen todos los españoles y que figura en la Constitución: el derecho a un juicio justo".

El ex ministro será juzgado por detención ilegal, pertenencia a banda armada y malversación de fondos reservados en relación con el secuestro de Segundo Marey, al que los GAL confundieron con un terrorista de ETA.

A pocas horas de sentarse en el banquillo, Barrionuevo afirma que muchos diputados del Partido Popular le han mostrado de forma privada su solidaridad, y destaca que José María Aznar y Francisco Álvarez Cascos estaban entre quienes le aplaudían cuando él ocupaba la cartera de Interior en el Gobierno de Felipe González.

El ex ministro y actual diputado del PSOE se muestra dispuesto a no solicitar un indulto si la sentencia fuera finalmente condenatoria. "No lo admitiría porque soy inocente. Si se comete una injusticia conmigo, eso no me va a llevar a cambiar mi criterio o mis principios de que hay que defender todas las instituciones democráticas, incluida la justicia. El hecho de que se cometa un error y yo sea el sujeto pasivo de ello no me va a hacer cambiar de opinión. Conmigo, además, ya se ha cometido una injusticia. Con el juicio paralelo y lo que eso ha llevado consigo", señala.

Sobre las críticas que le formulan Iñaki Anasagasti y Xabier Arzalluz, portavoz parlamentario y presidente del Partido Nacionalista Vasco, responde: "Algunos dirigentes del PNV se caracterizan por lo contrario de los estereotipos del ciudadano vasco, en el sentido de que son personas leales, de una sola palabra, que hablan siempre de frente sin engañar ni dobleces. Algunos dirigentes del PNV no responden a este estereotipo. Ahora bien, para mí la mayor parte de los militantes del PNV tienen una actuación impecable y hasta heroica, sobre todo los que ejercen trabajos municipales. Para ellos, mi admiración y solidaridad".

Otro de los principales procesados en este juicio, Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad del Estado con Barrionuevo, para el que el fiscal también solicita 23 años de cárcel, asegura, en una entrevista en La Vanguardia, que confía "en que se haga justicia, que no es lo mismo que aplicar la ley sin más". Vera quiere que "Felipe González y Álvarez Cascos [convocados como testigos] digan la verdad", porque, añade, "sólo me perjudicaría la mentira", y pronostica "una gran sorpresa en el desenlace del juicio".

[El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, calificó ayer de «inadmisibles» las declaraciones de Felipe González en Alemania, en las que calificó de «político» el juicio de los GAL. Fungairiño, antes de pronunciar una conferencia en San Sebastián sobre cooperación antiterrorista, enfatizó: «El caso Marey tendrá evidentes consecuencias políticas, como no podía ser menos, vista la significación de las personas encausadas, pero, en todo caso, se desarrollará con las máximas garantías»]

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