Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La policía de Majadahonda vigilará con cámaras de vídeo su Gran Vía

El equipo de gobierno local de Majadahonda, del PP, ha elegido un polémico sistema de seguridad para controlar su principal avenida: la videovigilancia. Se trata de instalar cámaras en la calle para transmitir y grabar todo lo que suceda. La policía local lo vería todo en las pantallas de comisaría. Las cámaras se instalarán a lo largo de kilómetro y medio de la Gran Vía, la calle principal de la localidad, que está repleta de comercios, bares y agencias bancarias, y que será exclusiva para peatones a partir de septiembre, una vez que se acabe el túnel por el que pasará todo el tráfico del centro urbano. Además habrá un sistema de alarma con botones en la calle y otro de cabinas telefónicas que conectarán con comisaría.La medida ha levantado discusiones en esta localidad de 39.700 habitantes: "Majadahonda es el segundo municipio más rico de la región. No creo que reúna las condiciones necesarias para someter a la población a semejante vigilancia", señaló el portavoz socialista, Antonio Morales. El edil de IU, Didac Coca critica que "es mucho más recomendable denunciar a los violentos que convertir la Gran Vía en un estado de sitio". El alcalde, Ricardo Romero de Tejada señala que "las cámaras serán una forma de proteger a los paseantes y de identificar a los delincuentes". PASA A LA PÁGINA 5

El PSOE denuncia que las cámaras en la calle vulneran la intimidad de la gente

VIENE DE LA PÁGINA 1 Las cámaras de vigilancia en la calle "sólo sirven para entrometerse en la vida privada de la gente", señala el socialista Morales, quien considera que "este tipo de iniciativa pone de actualidad las pavorosas visiones preconizadas por George Orwell en su novela 1984, en la que el Gran Hermano [que simboliza el poder totalitario] controla todos los aspectos de la vida de los ciudadanos". A esto el alcalde replica que "eso está ya muy debatido" y asegura que "con las cámaras sólo se violará la libertad de los delincuentes y no del resto de ciudadanos".

Para Coca, "la videovigilancia no supone una mayor seguridad ciudadana sino, al contrario, una mayor represión social. Lo que hace falta es una mayor voluntad de denuncia por parte del PP contra los delincuentes", critica. El alcalde le responde que "las cintas con las grabaciones servirán como una prueba más que entregar al juez contra la actuaciones delictivas".

Romero de Tejada estima que el precio del sistema completo de seguridad costará unos 15 millones de pesetas. Por contra, ayer desconocía la necesidad de solicitar permiso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid para instalar las cámaras de vídeo en los viales públicos. "Si hay que pedirlo, lo pediremos", señaló.

Según el nuevo sistema, un peatón que camine por la Gran Vía y presencie un delito o advierta alguna actividad sospechosa podrá dar aviso directo a la policía local: "Podrá apretar un botón de alarma que sonará en comisaría. Una vez recibido el aviso, los agentes observarán a través de las cámaras lo que esté ocurriendo en cada punto", explica el alcalde. En el cuatro de control de la comisaría habrá un sistema de pantallas para ver lo que recojan las cámaras.

Morales critica que "este sistema es de dudosa utilidad porque si la policía no es capaz de controlar la localidad, su eficacia queda en entredicho". "Espero que el circuito de televisión no sirva para entrometerse en la vida privada de los paseantes de manera ilegal", añade Coca.

Este sistema de videovigilancia, también se instalará en el interior del túnel para vehículos de la Gran Vía majariega. Hasta ahora sólo se utiliza contra la violencia terrorita en el País Vasco, en el metro de Madrid y en el exterior de edificios que requieren de una especial protección.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 23 de mayo de 1998

Más información