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Editorial:

Futuro del Cesid

E L NUEVO caso de escuchas ilegales protagonizado por el Cesid, esta vez en una sede de Herri Batasuna, ha puesto de nuevo sobre la mesa el ambiguo estatuto legal del servicio secreto español. El escándalo ha obligado al Gobierno a plantear reformas que den cobertura legal a una actividad que por su propia naturaleza se sitúa en el filo de la ilegalidad. Y una vez más se ha suscitado la duda sobre si tiene sentido que ese servicio, nacido sobre todo para prevenir intentonas involucionistas, siga dependiendo del Ministerio de Defensa. La hipótesis de que la dirección del Centro pase a manos de un civil es una posibilidad a medio camino entre la situación actual y la total desvinculación de las Fuerzas Armadas.Portavoces de Defensa anunciaron ayer que antes del verano se aprobará el anteproyecto de ley reguladora del Cesid y desmintieron que se esté produciendo una purga interna como consecuencia del escándalo del espionaje a HB. Otras fuentes indicaron que está previsto aprovechar la entrada en vigor de la nueva ley, que según el calendario gubernamental sucederá a comienzos del año próximo, para sustituir al actual director del servicio, el general Javier Calderón, por un civil. Sería una forma de compensar la decisión de mantener el Cesid en el ámbito del Ministerio de Defensa, en contra de quienes desde hace años vienen pidiendo su desvinculación de las Fuerzas Armadas.

En el debate del estado de la nación, y a propósito del Cesid, Aznar habló el martes pasado de la necesidad de conciliar el principio de legalidad con el de eficacia. Según adelantó, la nueva ley contemplará la designación de un juez especial encargado de autorizar escuchas preventivas como las realizadas en la sede de HB. «Sin perjuicio», añadió, «de los instrumentos de fiscalización parlamentaria ya existentes». Esto último induce a pensar que será la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, y no una comisión específica y más reducida, la encargada del control político de las actividades del Cesid. Aznar habló de voluntad de consenso: la renuncia a una comisión ad hoc de tres miembros (o cinco, como mucho) es seguramente el resultado de los contactos que al respecto ha mantenido el ministro de Defensa. Los socialistas consideraron un error político cualquier fórmula que exigiera dejar fuera a Izquierda Unida o a las fuerzas nacionalistas. Pero existía cierto acuerdo para evitar la presencia del Grupo Mixto, en el que podrían integrarse los parlamentarios de Herri Batasuna.

Ayer mismo se publicó (en La Vanguardia) un sondeo según el cual el 60% de los españoles considera lógico espiar al entramado de ETA, incluyendo HB. Sin embargo, una amplia mayoría de los consultados es partidaria de condicionar las escuchas a la existencia de una autorización judicial previa, requisito exigido por la Constitución. El problema es la dificultad de obtener permisos para escuchas preventivas diferentes a las autorizadas en el marco de la investigación de un delito concreto. De ahí la propuesta de una instancia judicial específica, en principio unipersonal, que se encargaría de apreciar la eventual existencia de riesgos para la seguridad del Estado que justificasen unas escuchas preventivas. El control parlamentario reforzaría las garantías contra abusos no muy difíciles de imaginar. Pero no deja de ser un terreno resbaladizo, porque la ausencia de esos condicionantes -autorización a la vista de indicios apreciados por un juez- es precisamente lo que separa una investigación del servicio secreto de una realizada por la policía.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 19 de mayo de 1998