Imputados los trabajadores de una contrata del "Proof Spirit"

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, Francisco Barber, el encargado de investigar el accidente registrado el pasado 3 de julio en los astilleros de Unión Naval de Levante (UNL) en Valencia, donde murieron 18 trabajadores en la construcción de un carguero, el Proof Spirit, citará a declarar como imputados en los próximos días a todos los trabajadores (cerca de una decena) de Insertank, la empresa gallega encargada del diseño y construcción de las tuberías de la sala de máquinas del barco. Los informes periciales elaborados para intentar determinar las causas de la tragedia localizan allí el origen del siniestro. Según fuentes cercanas al caso, como ha ocurrido con el primer trabajador citado en condición de imputado, la decisión del juez y el fiscal responde, en principio, a un sólo objetivo: proteger el derecho de los empleados de la compañía contratada por UNL -varios de ellos valencianos- a declarar asistidos por sus abogados y con el resto de garantías que establece la legislación. Las imputaciones, en ningún caso, deberán transformase necesariamente en acusaciones formales una vez se proceda -si finalmente así se decide- a celebrar un juicio por la mayor tragedia laboral acaecida en España en los últimos 13 años. El Consell no cumple Por otra parte, el comité de empresa de UNL exigió al presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, que "cumpla con los compromisos que adquirió con las familias afectadas por el accidente". Según el secretario del comité, Manuel Querol, Zaplana no ha cumplido con su promesa de ayudar a las familias que se quedaron sin ingresos económicos tras el fallecimiento de alguno de sus miembros en el trágico accidente. "Se va a cumplir casi un año y a pesar de que se nos promete que tendremos una reunión para tratar este tema, ésta no se produce", señaló Querol. El secretario del comité explicó que en la actualidad únicamente quedan dos familias a las que les es necesaria ayuda para encontrar un medio de subsistencia. Es el caso de Diego Barea, el joven que sufre graves secuelas físicas tras el accidente, y la hermana de uno de los trabajadores fallecidos que dependía en buena parte de sus ingresos. "No pedimos que les den subvenciones a fondo perdido, pero sí que se les busque un empleo que puedan ejercer", señaló Querol. La mayoría de las familias de los fallecidos han conseguido un trabajo estable con la mediación del comité de empresa, bien sea en los trabajos que tenían o en algunas filiales de UNL. "Si Zaplana prometió esta ayuda de verdad, lo que debe hacer es cumplir", dijo Querol, que advirtió que no descartan concentrarse ante el Palau de la Generalitat si el presidente no cumple el compromiso de reunirse con el comité y encontrar una salida digna a las dos familias que aún no tienen solucionado su sustento económico.