España no va tan bien

Estamos hoy viendo una euforia en España, reflejada en la frase «España va bien», generada por la evolución de algunos indicadores macroeconómicos que nos permitirá entrar en la próxima unidad monetaria europea. Ahora bien, en este discurso eufórico hay el peligro de olvidarse de que la economía es un medio y no un fin. El objetivo fundamental y último de las intervenciones públicas debiera ser el mejorar la calidad de vida de la población. Hemos visto últimamente Gobiernos en la UE cuyas políticas macroeconómicas eran aplaudidas por los foros financieros y económicos internacionales, que fueron rechazados y depuestos por grandes mayorías que protestaron por las consecuencias sociales de aquellas políticas económicas. De ahí que la pregunta que debiera realizarse no es tanto si la economía va bien sino si la población va bien.Y es en la respuesta a esta pregunta -resultado del estudio del estado social del país- donde no hay cabida para tal euforia. Es cierto que mucho se ha hecho desde que la democracia se estableció en España, pero queda muchísimo por hacer. Veamos. Entre los indicadores sociales más importantes del bienestar de un país está la esperanza de vida, es decir, el promedio de años que una persona puede esperar vivir antes de que le llegue la muerte. Según la información proveída por la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (Health in Europe, 1997), España ha ido descendiendo durante los últimos diez años en el ranking de esperanza de vida entre países de la UE, siendo hoy uno de los países con menor crecimiento de esa esperanza de vida. En realidad, el promedio de años de vida que una persona de 15 a 49 años puede esperar a vivir en España ha estado disminuyendo debido al crecimiento de la tasa de mortalidad en aquel grupo etario. Es más, la mortalidad que afecta en mayor grado a este grupo etario -mortalidad debida a accidentes laborales, a accidentes de tráfico y al sida- es de las más altas de toda la UE. Por otra parte, las desigualdades en la frecuencia de muerte entre las clases sociales es también de las más altas en la UE. Hay autonomías en España, como Cataluña, en las que la diferencia en años de vida entre la esperanza de vida de una persona de clase alta y otra de clase humilde es de diez años.

La respuesta frente a esta situación ha sido frecuentemente culpabilizar a las víctimas, atribuyéndoles comportamientos irresponsables (en el caso de accidentes laborales) o «inmorales» (en el caso del sida). Esta interpretación contrasta con los hechos; sus causas son más sociales que individuales. La gran mayoría de las fatalidades laborales (el 84%), por ejemplo, ocurren entre trabajadores precarios cuyas condiciones de trabajo están más deterioradas y cuya presión empresarial es más acentuada que entre los trabajadores fijos. Lo mismo aplica al caso de mortalidad por sida, una de cuyas mayores causas de transmisión es la drogadicción, fenómeno que ocurre sobre todo entre la juventud que tiene mayores dificultades de encontrar trabajo. La tasa de paro entre el grupo etario y social que representa el 76% de todos los drogadictos es del 68%. Es más, la vía de transmisión entre drogadictos es fácilmente prevenible, pese a lo cual, la tasa de sida entre drogadictos en España es más de seis veces el promedio europeo. El hecho de que España sea hoy uno de los países de la OCDE con mayor mortalidad prevenible es un indicador más del gran subdesarrollo de la infraestructura de salud pública del país, responsable de que España sea uno de los países de la UE con peor control de los alimentos, con peores indicadores de salud ambiental, con mayor fatalidad y accidentalidad laboral, con mayor número de enfermedades infecciosas prevenibles, etcétera.

Una situación también preocupante ocurre en otros sectores sociales, como educación. Hemos visto recientemente el revuelo que ha causado la publicación de la primera evaluación de la educación en España, mostrando entre otras realidades que las escuelas de Cataluña están por detrás del promedio de España en algunos indicadores importantes de calidad educativa, hecho que el presidente de la Generalitat de Cataluña ha atribuido, en parte, a la inmigración. Tan preocupante como las desigualdades interautonómicas son las desigualdades a nivel internacional, es decir, la calidad de la educación española en comparación con otros países de la UE y de la OCDE (el grupo de países más desarrollados). La OCDE ha publicado un informe (Education at a Glance. OCDE Indicators, 1997) que compara la educación primaria, secundaria y universitaria española con el resto de la OCDE. España es el país (de los 29 de la OCDE), junto con Turquía y Portugal, que tiene un porcentaje mayor de la población adulta (72%) con escasa educación (10 o menos años). España es, también, junto con Turquía y Portugal, el país que tiene mayor porcentaje de población joven (25-34 años) con un número menor de años de educación. Países con porcentaje de población inmigrante más elevado que España y Cataluña tienen, por cierto, porcentajes mayores de educación que España y Cataluña. En realidad, para explicar la cobertura y calidad de la enseñanza es mucho más importante el gasto por estudiante que la composición étnico-cultural de la población. Y en este indicador, España está en la cola de los países de la OCDE. El gasto por estudiante, sea éste estudiante de primaria, secundaria o universidad, es de los más bajos de la UE. El gasto por estudiante universitario, por cierto, es casi la mitad del promedio de la OCDE. La respuesta racionalizada de los que creen que «España va bien» es que ello se debe a la masificación, es decir, al gran porcentaje de población que está en las escuelas o en las universidades. Pero, de nuevo, la evidencia empírica no apoya estos supuestos. El porcentaje de la población que está en las escuelas primarias y secundarias es menor, no mayor, en España que en el promedio de la UE y el porcentaje de la población que está en las universidades es semejante, o incluso ligeramente inferior, al promedio de la UE. Es la pobreza de medios en educación (cuyos recursos han sido recortados en los últimos presupuestos), la que es en gran parte responsable de esta situación. España es (junto con México, Turquía y Portugal) el país en la OCDE que se gasta menos en infraestructura en los tres niveles educativos. Como consecuencia, el promedio de alumnos por maestro en las escuelas primaria y secundaria (tanto en la privada como en la pública) es mayor que el promedio en la UE. En el caso de la universidad, el número de estudiantes por profesor académico es casi el doble.

Todos estos indicadores, y no el porcentaje de inmigrantes en las escuelas, es lo que explica que estemos en situación peor que el resto de la UE y de la OCDE. Y los resultados objetivos de calidad muestran esta realidad.

Según aquel informe de la OCDE, los estudiantes de las escuelas españolas (tanto públicas como privadas) están entre los que tienen los peores indicadores en la OCDE en comprensión y capacidad de lectura, en conocimiento científico y en conocimiento matemático. En realidad, en algunos de estos conocimientos (como en el matemático), los mejores estudiantes (tanto de las escuelas públicas como privadas) están por debajo de los peores estudiantes de Francia, Holanda, Bélgica, República Checa y Corea.

Es también importante señalar que, en general, aquellos países que tienen un porcentaje menor de estudiantes en la escuela privada son aquellos que tienen mejor calidad en las escuelas públicas y sus indicadores de calidad (tanto de escuelas públicas como privadas) son mejores. En España se aduce con frecuencia por los sectores más pudientes de la población que la existencia del sector privado en los sectores sociales libera recursos al sector público que, de no existir la privada, tendría que absorber el sector público. La realidad muestra, sin embargo, que esta huida hacia la privada, en lugar de enriquecer al sector público, lo empobrece. España es uno de los países de la OCDE con un porcentaje mayor de estudiantes en la enseñanza privada. Este porcentaje es incluso mayor en Cataluña, que es también una de las comunidades autónomas con menor gasto público en educación por estudiante y habitante, por debajo del promedio español (Oroval, E. et al. Estudi del Sistema Educatiu Espanyol, 1997). Una situación semejante ocurre en la atención primaria de los servicios sanitarios. Cataluña tiene el porcentaje mayor de usuarios de la atención primaria privada en España, pero tiene también la atención primaria pública menos desarrollada en España siendo una de las comunidades en que el porcentaje de la población insatisfecha con la atención primaria es mayor. La expansión de la privada no enriquece a la pública; antes al contrario, la empobrece, al diluir la presión social para que se mejore. Esta dualidad de servicios no favorece ni a los usuarios de la pública ni a los de la privada. Los servicios sanitarios privados son mejores, en general, que los públicos en el trato personal, en el aspecto hotelero, y en la capacidad de elección, pero no lo son en su contenido científico o técnico. De ahí que cuando existe un problema que precisa mayor pericia o mayor infraestructura técnica, el sector público ofrece mayores recursos. Lo que se requiere es una síntesis de los mejores atributos de los dos sectores, proveyendo bajo el mismo techo institucional una atención personal de ambiente hotelero digno, con capacidad de elección y con unos servicios técnicos bien dotados. Ello no ocurrirá a no ser que tanto las clases medias como la clase trabajadora se sientan vinculadas al mismo sistema. El Estado del bienestar en Europa ha sido el resultado de la alianza de las clases trabajadoras con las clases medias. El reto ha sido el diseño de servicios en el que las clases medias, cuyas expectativas son más altas, se encuentren bien. Lo contrario, aumentar las desigualdades de manera que cada sector social tenga su propia cobertura, sea ésta sanitaria o educativa, empobrece al Estado del bienestar así como a la mayoría de la población.