Un jefe jurídico marbellí declara que se aprueban licencias que no se piden

El jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Jorge González Alonso, reveló ante el juez que se llevan a las comisiones municipales de gobierno, para su aprobación, solicitudes de licencias de obras que ni siquiera fueron presentadas. González Alonso declaró como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 7 en las diligencias previas que se instruyen por un presunto delito urbanístico en la construcción de un edificio.

El asesor legal de Urbanismo aseguró que él mismo confecciona una lista de los expedientes ya tramitados para que sean aprobados por la comisión de gobierno a la que se agrega otra relación de solicitudes de licencias de obras "que ni siquiera han tenido entrada" en su servicio. Según González, éste segundo listado es redactado por el gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, y en el que "se contiene la propuesta de resolución correspondiente". "Ocurre" El testigo precisó que los convenios urbanísticos, que firma el Ayuntamiento con terceros para recalificar suelo o autorizar mayor volumen de edificabilidad a cambio de inmuebles o dinero, no pasan por su dependencia pero sí tiene la obligación de tramitar "todas las licencias de obras". Para explicar al juez cómo se pueden llevar a la comisión de gobierno solicitudes de licencias de obras que no fueron registradas, González respondió: "Ocurre en algunas ocasiones". El letrado negó -contrariamente a lo declarado antes por el secretario municipal- la existencia de comisiones de Urbanismo y que estas pretendidas reuniones se reducen a comunicaciones de Roca "por vía telefónica". El técnico del Ayuntamiento que gobierna Jesús Gil aseguró que no estaba ultimada la tramitación del expediente del edificio Belmonsa, contra el que se abrieron diligencias judiciales por levantar 13 plantas donde el PGOU sólo autoriza tres, cuando se aprobó. Por su parte, el arquitecto municipal Francisco Merino, que también declaró ante el juez como testigo, admitió que realiza "un trabajo extra", en la empresa municipal Planeamiento 2000, de la que Roca es su responsable, dedicada a las funciones propias de Gerencia de Urbanismo. Merino indicó que presta asesoría técnica a la sociedad pública y que por esta colaboración percibe "una retribución independiente" a su sueldo de técnico municipal. El arquitecto puso en duda la existencia de una comisión de Urbanismo, al no acudir a estas reuniones las mismas personas. Merino sí reconoció que Roca estuvo presente en el "90% ó 99%" de las reuniones previas a la comisión de gobierno, que el mismo gerente de Urbanismo las convoca, "sin que se pueda decir que sean presididas por alguien", señaló. La querella, promovida por una comunidad de vecinos y el PSOE, se presentó contra los integrantes de la comisión de gobierno que el 16 de mayo del año pasado autorizó el edificio de la constructora Belmonsa. El arquitecto municipal informó que la obra no se ajusta al PGOU y que ocupa una zona verde y viales públicos. Los ediles acusados justificaron la concesión de la licencia de obras en un informe verbal del abogado de Gil, José Luis Sierra, que defiende la legalidad de la construcción. Después de estas declaraciones el juez imputó a Sierra y a Roca por un presunto delito contra la ordenación del territorio. El letrado de Gil argumentó su juicio en el reparto equitativo de edificabilidad del polígono de actuación donde se levanta el inmueble. Las declaraciones contradictorias de imputados y testigos podría provocar las celebraciones de careos. Gil, en su condición de alcalde, está acusado de un supuesto delito de prevaricación al autorizar una obra contraria al PGOU.