Un catedrático mediará en el conflicto de la recogida de basuras en los pueblos

Un catedrático pondrá paz entre los municipios gobernados por la izquierda y la Consejería de Medio Ambiente en su disputa sobre la recogida selectiva de basuras. Una veintena de localidades se niegan a adherirse a su Plan de Gestión de Residuos de la Comunidad porque consideran que no se les asegura el cobro de las inversiones que tendrán que realizar en camiones y personal para recoger los residuos por separado. La Comunidad piensa lo contrario.Ayer, el consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja, se reunió con la alcaldesa de San Fernando, Montserrat Muñoz, de IU, y con el regidor de Leganés, José Luis Pérez Ráez, del PSOE. Los dos alcaldes plantearon al consejero sus dudas sobre el sistema diseñado por la Comunidad para financiar el plan. Se acordó crear una comisión que recogiese las observaciones de los ayuntamientos que no se han sumado al plan y encargar a un catedrático la elaboración de un informe que determine las cuantías que cada municipio debe recibir. La alcaldesa de San Fernando lo explicó así: "No queremos boicotear el plan, sólo queremos garantías de que podremos afrontar los gastos que conlleva".

Mientras, en el Corredor del Henares surgen nuevas discrepancias entre los cuatro municipios (Torrejón, San Fernando, Coslada y Alcalá) que acordaron el año pasado mancomunarse para recoger de forma conjunta los residuos urbanos clasificados. Esta mancomunidad no se pondrá en marcha hasta octubre, ya que los respectivos plenos deben ratificar el acuerdo y someterlo a exposición pública durante 30 días. Torrejón, Coslada y San Fernando, gobernados por la izquierda, afirman que no tienen prisa, pero Alcalá (PP) no desea esperar tanto. Su alcalde, Bartolomé González, indica: "Vamos a estudiar si podemos cubrir el coste de la recogida con la subvención que ofrece la Comunidad. Si es así, empezaremos en julio".

Entre Alcalá y sus tres socios hay además otro desacuerdo. Torrejón, San Fernando y Coslada quieren que cada pueblo tenga un voto en el consorcio. Alcalá exige que éstos sean proporcionales a su desembolso y habitantes, ya que afirma que pone el 45% del dinero.