El Parlamento solicita a Ortega sus alegaciones al dictamen por omitir la relación con una caja

El consejero de Relaciones con el Parlamento, el andalucista Antonio Ortega, tiene 15 días de plazo para presentar alegaciones al dictamen que la Comisión del Estatuto de los Diputados concluyó la semana pasada por omitir en el Registro de Bienes de la Cámara que era miembro del Consejo de Administración de la Caja San Fernando. Después de recibir las alegaciones, la junta de portavoces se pronunciará sobre el asunto, que volverá de nuevo a la Mesa de la Cámara, ógano encargado de emitir el dictamen definitivo sobre el caso.

La Mesa de la Cámara, que se reunió ayer durante dos horas, estudió el dictamen de la comisión, aprobado por socialistas y andalucistas, así como los votos particulares presentados por Izquierda Unida y el Partido Popular. La Mesa decidió dar a Ortega dos semanas de plazo para que se pronunciase sobre el dictamen y sobre los votos particulares. PSOE y PA aprobaron en la Comisión del Estatuto de los Diputados amonestar o advertir a Ortega por el hecho de no declarar en el Parlamento su presencia en el órgano de gobierno de la caja, a lo que estaba obligado por el reglamento de la Cámara. IU y PP no se mostraron conformes con esta posición y presentaron votos particulares, ya que consideran que el consejero andalucista debe recibir una sanción, aunque ésta sea testimonial. Una vez que Antonio Ortega notifique sus alegaciones, la junta de portavoces expresará su posición respecto al dictamen. La incógnita es saber si la junta se celebra a puerta abierta, como se hace habitualmente, o cerrada. En este punto está el precedente de Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU), cuyo caso, por el cobro del sueldo como parlamentario y como maestro, se trató a puerta abierta. Concluido este trámite, será finalmente la Mesa de la Cámara la que haga el dictamen definitivo. Ortega ha mantenido varias veces que no declaró en el Registro de Bienes e Intereses del Parlamento su condición de miembro del Consejo de Administración de la Caja San Fernando por un "error burocrático". Para confirmar este extremo, el dirigente andalucista ha aducido que en el Registro de Bienes de los Altos Cargos, que custodia la Consejería de Gobernación, si declaró su situación. Por otra parte, los populares insistirán hoy en la posible incompatibilidad de Ortega como consejero y miembro del órgano de gobierno de la entidad financiera. El secretario general del PP andaluz, Juan Ojeda, preguntará en el Parlamento a la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, por el conocimiento que tenía de la situación de Ortega, que dimitió de su cargo en la caja nada más conocerse el asunto. Los populares intentaron salpicar con el asunto a la titular de Gobernación, Carmen Hermosín, que dejó claro que su labor es sólo de custodia de documento, y nunca de advertir sobre posibles incompatibilidades. Ahora, el Partido Popular pretende que Magdalena Álvarez explique si nadie de su departamento comprobó la situación en la que se encontraba Ortega. "La Consejería de Economía es la que paga los sueldos y tiene que haber alguien que vigile si lo que se está haciendo es correcto", apuntaron fuentes del PP. Los populares no están dispuestos a dejar morir el asunto y, para ello, están estudiando varias iniciativas, para que Ortega reciba alguna reprobación por lo que consideran un claro caso de incompatibilidad.