El CVC maneja dos propuestas de institución con autoridad lingüística que implican cambios legales

Ampliar el propio Consell Valencià de Cultura con una Sección de Lengua, compuesta por 11 nuevos miembros que, a diferencia de los otros 21 integrantes, no se someterían a la reelección por las Cortes, o crear una nueva entidad. Ésas son las dos hipótesis fundamentales que baraja el máximo organismo consultivo de la Generalitat en materia cultural para el dictamen sobre la polémica lingüística. En el primer caso, las modificaciones necesarias afectarían al Estatut d"Autonomia. En el segundo, los cambios serían menores. En ambas hipótesis, las Cortes habrían de definir la competencia normativa sobre el valenciano.

En la recta final de los trabajos del Consell Valencià de Cultura (CVC), los miembros del organismo comienzan a barajar seriamente las distintas opciones en relación con el asunto central que les ha sido encomendado: elaborar una propuesta de institución normativa sobre el valenciano que liquide el vacío existente en esa materia. Sólo si el dictamen logra una propuesta aceptable y viable políticamente, el trabajo del CVC habrá alcanzado su objetivo. A eso se refería el secretario de la institución, Manuel Sanchis Guarner Cabanilles, el pasado lunes, cuando afirmó, en el transcurso de un pleno: "Si nuestras recomendaciones no se convierten en leyes, serán exclusivamente papel mojado". El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, que lanzó la iniciativa de lo que se conoce como "pacto lingüístico", posteriormente refrendada por las Cortes, conoce desde hace tiempo un informe que propone crear una sección del Consell Valencià de Cultura sobre la cual recaería la autoridad normativa sobre el valenciano. Esa propuesta la expusieron los profesores de Derecho de la Universidad de Valencia Vicent Franch y Joaquín Martín Cubas en noviembre pasado, durante unas jornadas sobre la reforma del Estatut d"Autonomia. La propuesta implicaría la modificación "sustancial" del artículo 25 del Estatut d"Autonomia, que hace referencia al Consell de Cultura. Se trataría de otorgar al CVC la competencia de "constituirse en autoridad normativa". Los 21 miembros que tiene actualmente el organismo se ampliarían a 32. Los 11 nuevos miembros de la Sección de Lengua no se elegirían, como el resto, con la votación por mayoría de dos tercios en la Cámara autonómica. Su primera designación sería realizada con esa mayoría de las Cortes pero, posteriormente, su relevo se realizaría por acuerdo mayoritario de los propios miembros de la sección, a la manera de las instituciones académicas. El requisito, en todo caso, sería que los miembros de la Sección de Lengua fuesen personas de reconocida solvencia lingüística. Los autores de esa propuesta, que también conocen los integrantes del CVC, afirman que "no hay ninguna razón legal que impida establecer una institución consultiva de composición dual ni mucho menos podría acomodarse mejor el espíritu de lo que se persigue entregando a filólogos, lingüistas, profesores y escritores la competencia en la normativización lingüística". Sin embargo, diversos miembros del CVC han expresado sus dudas sobre la viabilidad de una entidad en la que una parte de los integrantes son renovados por las Cortes y el resto se cooptan desde el mismo colectivo. Quienes critican esa propuesta ofrecen como alternativa la creación de una nueva entidad integrada por especialistas de prestigio a la cual le serían reconocidas la competencias normativas sobre el valenciano. Esta segunda posibilidad sólo implicaría la aprobación de una ley por parte de las Cortes, según sus defensores, ya que el Estatut confiere esa capacidad a la Generalitat. Los socialistas llegaron a redactar un borrador para otorgar la autoridad normativa al Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV), como reclaman las universidades, pero no llegaron a plasmarlo en un proyecto de ley. Al final del mandado de Joan Lerma, estudiaron también la posibilidad de conceder la capacidad al IIFV por decreto, pero también lo descartaron. La búsqueda de un consenso lo más amplio posible, que ponga la autoridad normativa sobre la lengua a resguardo de los vaivenes políticos subyace en las diferentes alternativas.