Seis días de abril

Mientras Aznar recoge merecidamente en la cumbre de Bruselas los frutos de su buena política económica, que ha hecho posible la entrada de España en el euro (junto con otros factores tales como la fase alcista del ciclo y la labor del anterior Gobierno socialista), la lenta, débil y confusa respuesta inicial de la Administración a la catastrófica rotura de la presa minera de Aznalcóllar (a 60 kilómetros de Doñana) en la madrugada del 25 de abril muestra la distancia que nos separa todavía de otros eficientes Estados europeos. El Gobierno tardó casi una semana en adoptar las medidas necesarias para apretar el acelerador en sus actuaciones y coordinarlas con la Junta de Andalucía; el ministro de Industria no visitó hasta anteayer las instalaciones causantes de la tragedia.Entretanto, el vertido de cinco millones de metros cúbicos de agua ácida cargada de minerales pesados había devastado ya 5.000 hectáreas colindantes con el parque natural de Doñana, afectado a sus acuíferos, envenenado la cadena alimentaria de las aves del coto, arruinado extensas superficies de cultivo y destruido bancos de peces y crustáceos en la costa. Además de los daños hasta ahora causados, todavía no cabe descartar que la reserva natural más importante de la Europa meridional, utilizada como lugar de encuentro del presidente español con dignatarios europeos (una costumbre ferozmente criticada por el PP durante el mandato de González pero que Aznar -reciente anfitrión de Tony Blair- ha hecho suya), pueda sufrir un serio deterioro a medio y largo plazo.

Hasta el brusco viraje dado el pasado jueves por el Consejo de Ministros, el comportamiento del Gobierno de Aznar había rayado en la irresponsabilidad. Tras conocerse la rotura de la presa, la ministra de Medio Ambiente (una cartera creada en 1996 por el PP) se desplazó a la zona, lanzó una rápida ojeada, se fotografió vestida de coronel Tapioca , narcotizó a la opinión («Doñana está salvado»), regresó a Madrid, propinó pellizcos de monja a los ecologistas y tomó el avión para Nueva York. Entre quedarse en España para cumplir las tareas que justifican su sueldo o desplazarse a Estados Unidos para figurar entre los firmantes del Procolo de Kiotto, Isabel Tocino optó por el turismo político-mediático: la ministra de Medio Ambiente argumentó que sólo un viaje así permitiría -en la época de la televisión por satélite- informar y concienciar al mundo de la tragedia. Siguiendo el camino trazado por la ministra Tocino, el PP intentó durante los días posteriores a la castástrofe sacarse de encima todas las responsabilidades y descargar sobre los socialistas todas las culpas. Junto a su oportunista tendencia a monopolizar la autoría de las buenas noticias (como la entrada en el euro) y rechazar la más mínima implicación en los malos tragos (como la riada tóxica), el Gobierno de Aznar trató de hacer pagar los platos rotos a la Junta de Andalucía para saldar viejas cuentas; las deterioradas relaciones entre el Ejecutivo del PP y el gobierno autonómico del PSOE llegaron al borde de la ruptura cuando el ministro Rajoy acusó a la Junta de gamberrismo institucional . Pero tiempo habrá para determinar dónde empiezan, terminan o se solapan las competencias de las distintas Administraciones Públicas y para saber cómo cumplieron sus obligaciones desde el 25 hasta el 30 de abril: ahora sólo cabe exigirles que olviden sus querellas y junten fuerzas para salvar Doñana.

No sólo la coordinación entre las Administraciones públicas central y autonómica tardó demasiados días en producirse; además, únicamente el Gobierno puede movilizar los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar esos desafíos. Aznar podía haber hecho uso de las competencias que le atribuyen tanto la Ley de Protección Civil de 1985 «para situaciones de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria» como la Ley de 1981 de Estados de Alarma, Excepción y Sitio para casos de «catástrofes, calamidades o desgracias públicas».

El PP no conseguirá desviar sus culpas sobre las administraciones socialistas del pasado: durante sus dos años de mandato, el Gobierno de Aznar ha tenido tiempo suficiente para adoptar las estrategias legales y ejecutivas que le hubiesen permitido combatir amenazas ya conocidas y denunciadas por los populares mientras permanecían en la oposición. Así, el grupo parlamentario del PP podía haber llevado de nuevo a las Cortes su proposición de Ley General del Medio Ambiente, presentada en julio de 1995. Y el Gobierno debería haber aplicado en cualquier caso las enérgicas medidas contra los vertidos contaminantes de la mina de Aznalcóllar que la hoy ministra Palacio exigió airadamente y prometió demagógicamente a los votantes en la campaña electoral de 1996.