Fabra adjudica el aeropuerto al marido de una diputada del PP

VIENE DE LA PÁGINA 1 "Yo era ingeniero mucho antes de que ella fuera diputada", señaló Rafael Llopis. El ingeniero afirmó también que la participación de Indecas en la UTE a la que ha sido adjudicada la contrata es minoritaria y consideró positivo el hecho de que "sea una empresa de Castellón la que realice un proyecto de Castellón porque conoce mucho mejor el terreno". Asimismo, Llopis expresó, en referencia a la adjudicación, su malestar por el hecho de que "alguien sospeche que no es una coincidencia" y reiteró que en la contratación no ha mediado ningún trato de favor. A la vez, el ingeniero insistió en señalar que pese a los muchos concursos a los que se ha presentado últimamente para trabajar con la Consejería de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana no le ha sido adjudicado ninguno, mientras que en la anterior legislatura, socialista, efectuó varios trabajos para la Administración autonómica. En este sentido, Llopis también aseguró haber recibido varias contratas por parte del Ayuntamiento de Castellón cuando éste estaba en manos de los socialistas. Además, rechazo la posible interpretación de la ley por la que se le considera incompatible en este concurso por haber efectuado el estudio de localización del emplazamiento para el aeropuerto. En cuanto a sus antecedentes profesionales, Llopis garantizó tener una amplia experiencia en el sector de la ingeniería civil, aunque no ha participado nunca en el proyecto de un aeropuerto. El ingeniero destacó, no obstante, que la parte del estudio que realizará es idéntica a la efectuada para otras obras. Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Castellón, Víctor Campos, aseguró ayer desconocer la relación entre Indecas y la diputada popular. Así, defendió el procedimiento seguido por la corporación provincial que calificó de "absolutamente legal" y manifestó: "El informe para la contratación no lo hemos hecho los políticos sino que lo han hecho los técnicos que han sido quienes, en base al pliego de condiciones, han considerado que esta Unión Temporal de Empresas es la que se merecía la contratación en función de su oferta". Al concurso para este proyecto se presentaron un total de 11 empresas. Campos añadió que la adjudicación merecería el calificativo de "inmoral" en el caso de que "no hubiera habido un concurso público, un pliego de condiciones y un informe jurídico, sino que hubieran sido criterios subjetivos".