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Fabra adjudica el aeropuerto al marido de una diputada del PP

El administrador único de Ingeniería de Castellón, SL, empresa que forma parte de la Unión Temporal de Empresas a la que la Diputación de Castellón (presidida por Carlos Fabra) le ha adjudicado la redacción del proyecto del aeropuerto por 170 millones de pesetas, es el esposo de la diputada nacional del PP por Castellón, Carmen Pardo. Rafael Llopis, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, fue quien constituyó, en agosto del 1994 y con un capital suscrito y desembolsado de medio millón de pesetas, la firma de la que es administrador único.

El pasado martes, el pleno de la Diputación aprobó la contratación de esta empresa con los votos del PP y con los de los diputados del PSPV y Nova Esquerra en contra. La oposición planteó "dudas legales y jurídicas" debido a que la adjudicación podría vulnerar la Ley de Contratos del Estado puesto que fue esta misma empresa la que realizó el estudio de localización del emplazamiento idóneo, en el que se incluyen características técnicas y un informe de viabilidad de la obra. Finalmente, la adjudicación fue aprobada después de que el Grupo Popular solicitara el visto bueno del secretario de la corporación provincial, Manuel Marín, quien informó favorablemente sobre la legalidad del procedimiento. Ahora ha trascendido que el administrador único de una de las empresas adjudicatarias está casado con una diputada del PP. Rafael Llopis aseguró ayer que esta nueva contratación de la Diputación de Castellón nada tiene que ver con su matrimonio y defendió las características de su oferta, que era la que presentaba un plazo de ejecución menor y un coste cercano a la media. PASA A LA PÁGINA 3

"Yo era ingeniero mucho antes de que mi esposa fuera diputada", alega Rafael Llopis

VIENE DE LA PÁGINA 1 "Yo era ingeniero mucho antes de que ella fuera diputada", señaló Rafael Llopis. El ingeniero afirmó también que la participación de Indecas en la UTE a la que ha sido adjudicada la contrata es minoritaria y consideró positivo el hecho de que "sea una empresa de Castellón la que realice un proyecto de Castellón porque conoce mucho mejor el terreno". Asimismo, Llopis expresó, en referencia a la adjudicación, su malestar por el hecho de que "alguien sospeche que no es una coincidencia" y reiteró que en la contratación no ha mediado ningún trato de favor. A la vez, el ingeniero insistió en señalar que pese a los muchos concursos a los que se ha presentado últimamente para trabajar con la Consejería de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana no le ha sido adjudicado ninguno, mientras que en la anterior legislatura, socialista, efectuó varios trabajos para la Administración autonómica. En este sentido, Llopis también aseguró haber recibido varias contratas por parte del Ayuntamiento de Castellón cuando éste estaba en manos de los socialistas. Además, rechazo la posible interpretación de la ley por la que se le considera incompatible en este concurso por haber efectuado el estudio de localización del emplazamiento para el aeropuerto. En cuanto a sus antecedentes profesionales, Llopis garantizó tener una amplia experiencia en el sector de la ingeniería civil, aunque no ha participado nunca en el proyecto de un aeropuerto. El ingeniero destacó, no obstante, que la parte del estudio que realizará es idéntica a la efectuada para otras obras. Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Castellón, Víctor Campos, aseguró ayer desconocer la relación entre Indecas y la diputada popular. Así, defendió el procedimiento seguido por la corporación provincial que calificó de "absolutamente legal" y manifestó: "El informe para la contratación no lo hemos hecho los políticos sino que lo han hecho los técnicos que han sido quienes, en base al pliego de condiciones, han considerado que esta Unión Temporal de Empresas es la que se merecía la contratación en función de su oferta". Al concurso para este proyecto se presentaron un total de 11 empresas. Campos añadió que la adjudicación merecería el calificativo de "inmoral" en el caso de que "no hubiera habido un concurso público, un pliego de condiciones y un informe jurídico, sino que hubieran sido criterios subjetivos".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 30 de abril de 1998

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