El fiscal dice que tiene datos suficientes para imputar al senador popular Arroyo

La presunta incompatibilidad entre los cargos de presidente de la urbanizadora Corralejo Playa, SA, y de alcalde de La Oliva (Fuerteventura), ostentados por el senador Domingo González Arroyo, y el enriquecimiento personal que se derive del cruce de ambas actividades centran la investigación abierta por Juan Guerra, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Canarias, sobre el dirigente canario del PP. El fiscal tomó ayer declaración en Las Palmas a Pedro Amador Jiménez, secretario de la urbanización, el principal centro turístico de Fuerteventura. Amador aportó documentación sobre el funcionamiento de esta sociedad, contra la que se han presentado decenas de denuncias por el pago de un canon que los propietarios consideran ilegal.

"Estamos investigando si en la gestión de esa sociedad, participada por el Ayuntamiento, ha habido algún enriquecimiento y si éste es exclusivamente para el municipio o para los miembros de la corporación. Si el Tribunal Supremo decide continuar la investigación, se tendrá que hacer una prueba pericial para determinar el destino último de esos pagos", declaró el fiscal al concluir el interrogatorio.

Con el testimonio recabado, Guerra asegura haber concluido su investigación, cuyos resultados remitirá el 4 de mayo a Jesús Cardenal, el fiscal general. En su opinión, hay materia suficiente para imputar al senador, por lo que confía en que su informe termine en el Tribunal Supremo.

El complejo Corralejo Playa está gestionado por una sociedad mixta participada por el Ayuntamiento, en un 55%, y Barcelona Cahispa, SA de Seguros, en un 45%. La preside el senador del PP y ocupan el puesto de consejeros varios concejales populares y uno socialista, todos remunerados. Fuentes de la Fiscalía califican de "extremadamente grave" que genere beneficios a sus socios mediante la obtención de licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento, su principal accionista.

Casto Martínez, el arquitecto que denunció al alcalde de La Oliva y le acusó de prevaricación y tráfico de influencias, afirma que los pagos derivados del canon de urbanización de esa sociedad son controlados minuciosamente por González y su equipo municipal antes de iniciarse el expediente.