Torrejón irá al Defensor del Pueblo para cobrar el IBI de la base aérea

El Ayuntamiento de Torrejón (88.000 habitantes) pedirá en los próximos días al Defensor del Pueblo que medie en su solicitud al Ministerio de Defensa del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por las infraestructuras civiles que alberga la base aérea. El ministerio lleva negándose desde 1989, alegando que la ley exime a la base en su conjunto por ser instalaciones dedicadas a la defensa nacional. La propuesta se aprobó ayer en pleno con el apoyo del Gobierno (PSOE e TU) y Unidad Ciudadana. El PP se abstuvo. Considera que la base sólo debe pagar por la parte que utiliza como aeropuerto civil desde 1997. El consistorio reclama el impuesto de los últimos cinco años, 595 millones de pesetas.

La base ocupa un tercio del término municipal de Torrejón. Además de recurrir al Defensor del Pueblo el Ayuntamiento insistirá en demandar el pago a Defensa. La edil de Hacienda, Ana Reboiro (IU), manifestó que el Ayuntamiento no liquidará el IVA con el Ministerio de Hacienda hasta que no le pague Defensa y que si es necesario, recurrirá a los tribunales. "Hay, que sepamos, un campo de golf, un economato, pistas deportivas y viviendas que están siendo utilizadas por civiles", manifestó el alcalde de Torrejón, Francisco García Lorca (PSOE). El portavoz del ministerio respondió: "Esas instalaciones también son de interés para la defensa. Las utilizan los militares destinados allí para mantenerse en forma".

"Les hemos facturado por el valor catastral de toda la finca. Aunque quisiéramos, no podríamos hacerlo de otra manera, pues se han negado a facilitarnos datos sobre los distintos usos", explicó el alcalde. García Lorca añadió un segundo punto: "Han instalado allí un aeropuerto de lujo para aerotaxis civiles que funciona 18 horas diarias". A este, respecto, el ministerio matizó que se trata de un acuerdo de cesión puntual a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea mientras que se termina la tercera pista de Barajas.

El Ayuntamiento reclama sólo el IBI de los últimos cinco años porque considera qué el de los anteriores ya ha prescrito.