México expulsa a un estadounidense e 'invita' a dejar el país a dos españolas y una francesa

El Gobierno de México ha expulsado a un estadounidense y cursado "oficios de salida" del país a otras tres extranjeras, las españolas Raquel Mata Pedro y Alicia Arandis Ventura, y la francesa Feane Raymonde, por su supuesto activismo, prozapatista en el Estado de Chiapas. La medida, adoptada el viernes pero conocida ayer, significa que las tres mujeres deberánabandonar México cuando expire el periodo de estancia en el país fijado en su visado e turista, y en tanto llega esa fecha fueron invitadas a esperar en las soleadas playas de Cancún, o visitando ruinas mayas.

El estadounidense deportado es Michel Luis Stoltzus, acusado de apoyar acciones de las bases indígenas simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación (EZLN), sublevado desde hace cuatro años. Hasta ahora han sido deportados 25 extranjeros y siete más abandonaron México al no renovárse les el visado. El endurecimiento de la política migratoria desencadenó una fuerte polémica entre el Gobierno y la oposición, y algunas embajadas recabaron precisiones claras sobre los límites entre el activismo y la injerencia en los asuntos internos y las labores humanitarias o de observación. Las españolas fueron interceptadas por funcionarios policiales en la zona de Altamirano el pasado día 22, y se les pidió el pasaporte. El cuño de turista les autorizaba a recorrer México durante tres meses. Pero según el Instituto Nacional de Migración (INM) de Tapachula, fronteriza con Guatemala, durante su viaje por la zona de conflicto incurrieron en actividades contrarias a su condición de turista. Raquel Mata, nacida en Francia, con pasaporte español, y Alicia Arandis, de Castellón de la Plana, ambas peluqueras según el pasaporte, fueron conminadas a abandonar el país cuando termine el permiso para visitarlo. En el momento de su interrogatorio, las españolas tenían todavía 46 días para agotar el plazo de tres meses del impreso migratorio que las identificaba como turistas. El oficio de salida expedido contra ellas prohíbe su renovación por otros tres meses, a la que acceden casi automáticamente quienes desean alargar su permanencia en el país.

Nada se sabe sobre el tenor de las supuestas actividades ilegales cometidas por las españolas, que ayer se encontraban en San Cristóbal de las Casas. Alparecer, la joven francesa fue retenida durante un bloqueo de carreteras de manifestantes que protestaban por el desmantelamiento del rebelde municipio autónomo Ricardo Flores Magón, el 11 de abril. En una operación policial y castrense de madrugada fueron detenidos y expulsados 12 extranjeros, entre ellos cuatro españoles. Dos días después lo fueron tres noruegos, en Altamirano, detenidos en otro bloqueo de carretera indígena.

Hace pocos días, Fernando Solís, subsecretario de servicios migratorios del Ministerio de Interior, admitió ante corresponsales españoles que el Gobierno está dispuesto a encajar el coste político y de imagen causado por las expulsiones. La meta es desbrozar el camino hacia una solución negociada de la crisis de Chiapas, y los deportados, afirmó, la entorpecían. "Aumenta la fascinación por Chiapas en el exterior. Había perdido un poco de interés pero después de que se da la matanza de Acteal [el 22 de diciembre, con 45 indígenas asesinados] empieza de nuevo a aumentar el interés". "Si no hubiéramos expulsado a los doce extranjeros", agregó Solís, "hubieran debido ser sometidos a un proceso junto a los mexicanos detenidos. Y eso habría sido un escándalo mayor que expulsarlos". Solís Cámara reconoció la existencia de un conflicto "en el que la otra parte tiene acceso a redes internacionales de ONG, tiene más credibilidad que nosostros. Los Gobiernos tenemos menos credibilidad muchas veces que otras instancias no gubernamentales".

La oposición de centro izquierda discrepa abiertamente. Porfirio Muñoz Ledo, uno de los jefes del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que gobierna la capital federal con Cuauhtémoc Cárdenas al frente, advierte contra la reiterada intención gubernamental de atribuir el origen y la naturaleza del incendio en la selva Lacandona a la injerencia extranjera. "Las declaraciones y las acciones emprendidas contra extranjeros pretenden servir, a un tiempo, como justificación y como cortina de humo para el resto de las agresiones perpetradas por el Gobierno". Cita "el desconocimiento de los acuerdos alcanzados, las acciones criminales de los grupos paramilitares, la destrucción de las organizaciones indígenas autonónomas y el descrédito de las instituciones creadas para coadyuvar en la solución".

Precisamente ayer 10.000 indígeneas procedentes de las 42 parroquias de la diócesis de San Cristóbal se manifestaron en apoyo de "la labor pastoral y de mediación" del obispo Samuel Ruiz, enfrentado con las autoridades mexicanas por la situación en Chiapas.