El retraso del concurso compromete la entrada en servicio del nuevo sistema de emergencias 112

El nuevo sistema de emergencias basado en el número telefónico 112 que el Gobierno popular de la Generalitat pensaba implantar este año difícilmente podrá entrar en servicio en los plazos previstos, debido a la tardanza en la resolución del concurso convocado al efecto. Las plicas del proceso iniciado por la Generalitat para la contratación del sistema se abrieron el pasado 22 de diciembre, pero el concurso aún no ha sido adjudicado. Este retraso, inhabitual en los concursos públicos de la Administración valenciana y atribuido por algunas fuentes a las dudas surgidas en torno a la legalidad del proceso, es calificado de "normal" por el Consell, que niega la existencia de irregularidades.

"En breve". Uno de los responsables directos del proceso, José López Garrido -director general de Interior hasta que el pasado miércoles se vio obligado a dimitir debido a que el Ayuntamiento de Alicante declaró ilegales las obras realizadas en un chalé de su propiedad-, contestó con esas dos palabras a la pregunta de este periódico acerca de cuándo sería adjudicado el concurso del sistema de emergencias 1-1-2 Comunidad Valenciana. Era día el 26 de febrero. Habían transcurrido ya más de dos meses desde la apertura de plicas, un plazo que López Garrido calificó entonces de "normal". Han pasado casi otros dos meses y el concurso sigue sin ser adjudicado. En todo este tiempo el silencio oficial ha sido absoluto: el ya ex director general de Interior no ha atendido ninguna de las múltiples llamadas telefónicas realizadas por EL PAÍS para conocer el estado del concurso. Mientras, las empresas del sector -y no sólo las que optan a la adjudicación del nuevo sistema- se muestran desconcertadas porque desconocen qué está pasando, y no consideran tan "normal" ese retraso. No obstante, prefieren no opinar, unas porque todavía mantienen la esperanza de que les sea adjudicado el concurso y otras, debido a que acuden habitualmente a las licitaciones de la Generalitat y no quieren verse perjudicadas. Pero el retraso hace muy difícil, si no ya imposible, la puesta en marcha del nuevo sistema de emergencias dentro de los plazos marcados inicialmente por la Generalitat, que preveía para este año un desembolso de 1.466 millones de pesetas para la implantación. El pliego de condiciones señala que "el 1-1-2 Comunidad Valenciana, imperativamente, deberá iniciar en el verano de 1998 la prestación de servicios".El concurso salió a licitación por un total de 3.809 millones de pesetas en cuatro años. Las plicas se abrieron el 22 de diciembre. Se presentaron cinco ofertas: la multinacional Siemens opta con una oferta de 3.574 millones. La unión temporal de empresas (UTE) formada por Unidad de Integración de Tecnologías, SA (Utiesa, del grupo Iberdrola) y Ángel Iglesias, SA (Ikusi, perteneciente a la familia del industrial vasco Julio Iglesias Zamora, secuestrado por ETA en 1993) presentó un presupuesto de 3.423 millones. Telefónica acudió con una propuesta de 3.806.722.000 pesetas y la empresa Tissat (Tecnología e Ingeniería de Sistemas y Servicios Avanzados de Telecomunicaciones), participada por la Generalitat junto a Telefónica, Siemens, Endesa y el Grupo Drac, presentó una oferta que sumaba exactamente dos millones más que la anterior: 3.808.722.000 pesetas. La oferta presentada por el grupo canadiense Positron, uno de los líderes mundiales en sistemas de emergencias, fue descalificada por superar la cantidad estipulada en el pliego de condiciones del concurso. Adjudicación "inminente" Ciertos aspectos del proceso han sido puestos en cuestión. Uno de ellos es la participación de la empresa Idus de Comunicación, SA (Idec), que tras recibir de la Generalitat valenciana el encargo de realizar el estudio previo de viabilidad del nuevo sistema de emergencias opta a la adjudicación en unión con Telefónica. Idec ha participado en los proyectos de implantación de sistemas de emergencias en otras comunidades autónomas, la mayor parte gobernadas por el Partido Popular. Para algunos juristas, la Ley de Contratos del Estado impide que Idec acuda al concurso después de realizar el estudio previo, pero tanto el Consell como la empresa niegan este extremo. El subsecretario de Modernización de la Administración Pública, José Emilio Cervera, que a principios de marzo también anunció que "en breve" se realizaría la adjudicación, calificó ésta de "inminente" al ser consultado el pasado miércoles. Cervera justificó el retraso, al que restó importancia, por la complejidad del concurso. "El Gobierno no puede meterle prisas al análisis, complicado por definición, que los técnicos están realizando de las ofertas presentadas", manifestó Cervera. "Vamos a la velocidad que los técnicos y la mesa de contratación necesitan", agregó. Cervera negó la existencia de reticencias al señalar que "la resolución se va a realizar de forma inminente y respetará el diagnóstico y el dictamen que hagan los técnicos". El subsecretario de Modernización de la Administración Pública afirmó que "los calendarios que se hicieron son absolutamente recuperables, el retraso se puede recuperar porque las empresas que concurren son de mucha potencialidad", y agregó que "en cualquier pliego de condiciones el órgano contratante tiene un colchón para soportar un eventual retraso". El subsecretario de Modernización afirmó que el Consell "no va a adjudicar nada fuera de los plazos legales". Por otra parte, Cervera negó que se hayan producido reticencias en torno al concurso por parte de la secretaría general administrativa o de los interventores de la Consejería de Presidencia, departamento que dirige José Joaquín Ripoll. También rechaza que exista "sesgo político" en el proceso. "Si éste fuera un concurso sesgado, ya estaría adjudicado", concluyó.