Liaño cierra el 'caso Lasa-Zabala' porque una "negra espesura de silencios" le impide avanzar

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño concluyó ayer tres años de investigaciones del caso Lasa-Zabala con un auto en el que sugiere que todavía podría avanzarse más pero que una "frondosa y negra espesura de silencios y complicidades" han impedido que las "salpicaduras de tan graves delitos alcancen a otros responsables", incluidos, añade, "aquellos que desde posiciones de garantes pudieron pensar que, puesto que la razón les asistía, todo valía". Liaño, sin embargo, concluye el sumario aduciendo que lo que ahora hace falta es un juicio.

En sus investigaciones sobre los asesinatos de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, -a los que se refiere como "refugiados" residentes en Bayona-, el juez ha cuidado de consignar, según asegura él mismo, "lo adverso y lo favorable a los imputados". También dice haber practicado "aquellas diligencias útiles y necesarias para averiguar y hacer constar la perpetración de delitos de detención ilegal, torturas y asesinatos de los que fueron víctimas Lasa y Zabala a partir de aquella noche del 16 de octubre de 1983, cuando desaparecieron de la calle Tonneliers, en Bayona". Liaño hace un recorrido por las actuaciones judiciales desde la primera denuncia de los hechos, que realizó un amigo de Lasa y Zabala en la comisaría de Bayona. "Los cadáveres de Lasa y Zabala", prosigue el juez, "aparecieron alrededor de 12 años después, concretamente el 20 de enero de l995". "Fue un cazador el que vio los restos en un paraje próximo a la Foya de las Coves, en el término municipal de Busot, provincia de Alicante. Habían sido asesinados con disparos de armas de fuego en la cabeza. Previamente fueron torturados. Acto seguido, los cuerpos de José Antonio y José Ignacio se arrojaron a una fosa y mezclados en cal viva".

Los primeros procesamientos, sigue Liaño, se produjeron el 20 de mayo de 1996. Recayeron sobre los guardias civiles Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal, al considerar que en su contra concurrían indicios racionales de ser criminalmente responsables de los delitos de detención ilegal, torturas y asesinatos. Dorado y Bayo fueron detenidos ese mismo día 20. Desde entonces permanecen en situación de prisión provisional e incondicional.

El 27 de mayo de 1995 se decretó el procesamiento del general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, que al tiempo de los hechos era comandante del cuartel de Intxaurrondo, en San Sebastián, el de Pedro Gómez Nieto, teniente de la Guardia Civil y vinculado al Cesid y el de Jorge Argote, "abogado de profesión y conocedor de los hechos perpetrados".

El primero fue procesado "por concurrir indicios racionales de criminalidad de ser autor por inducción de los delitos de detención ilegal, torturas y asesinatos. El segundo, como autor material de dos delitos de asesinato. Y el tercero, como autor de un delito de encubrimiento

En la actualidad, de los tres, sólo el general Enrique Rodríguez Galindo permanece en prisión preventiva, al no haber constituido la fianza exigida para garantizar su libertad provisional. El procesamiento de Pedro Gómez Nieto quedó sin efecto al estimar la Sala de lo Penal un recurso contra el procesamiento dictado por Gómez de Liaño.

Encubrimientos y omisiones

El 19 de junio de 1996 Liaño procesó al ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, por un supuesto encubrimiento, y al ex gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga, por indicios de coautor de un delito de detención ilegal, otro de cooperación necesaria en un delito de torturas y autor por omisión de dos delitos de asesinato. Los dos están en libertad provisional. Finalmente, el pasado 18 de marzo, el juez amplió el procesamiento de Rodríguez Galindo, Elgorriaga, Dorado y Bayo al delito de pertenencia a banda armada. En la misma resolución se procesó al comandante de la Guardia Civil Ángel Vaquero, que había estado destinado cuando era capitán en el cuartel de Intxaurrondo, al concurrir en contra de él indicios de pertenencia a banda armada, detención ilegal, torturas y asesinatos. Vaquero está en libertad provisional bajo fianza.

Según Gómez de Liaño, después de tantos años de investigación, lo que hace falta es que un nuevo estado del proceso se abra y se celebre un juicio que termine con la sentencia definitiva.

"Como bien dice el fiscal", apostilla el juez, "después de tres años de instrucción no es posible prolongar este sumario sin asumir el riesgo de perjudicar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Más aún cuando dos de los procesados cumplirán dos años de prisión preventiva el próximo día 20 de mayo". Por último, Gómez de Liaño da por concluida la instrucción y remite el sumario, "con atenta comunicación", a la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional.