El Gobierno andaluz "desconoce" si Gobernación comunicó a Ortega su posible irregularidad

El Gobierno andaluz eludió ayer pronunciarse de manera oficial sobre si uno de sus miembros, el consejero de Relaciones con el Parlamento, el andalucista Antonio Ortega, incumplió o no la ley de Incompatibilidades de la Junta, al compaginar durante dos años su puesto institucional con el de secretario del consejo de administración de la Caja de Ahorros San Fernando. El Ejecutivo, por boca de su portavoz, Rafael Camacho, confió en que el andalucista zanje la polémica en la comparecencia que ha pedido en el Parlamento. Los socialistas quieren evitar que el debate salpique a otras consejerías como la de Gobernación, departamento encargado de la custodia del fichero de altos cargos y de detectar una posible vulneración de la norma.

¿Se le notificó o no a Ortega que su situación podría quebrantar la ley de Incompatibilidades? El consejero dijo el pasado lunes que no recibió informe contrario de la Junta, aunque ayer el portavoz del Gobierno aseguró desconocer si se le comunicó o no. Camacho subrayó en repetidas ocasiones que el titular de Relaciones con el Parlamento "no tenía intención" de infringir la ley, ya que en el expediente de intereses entregado en el Registro de Altos Cargos sí figura que declaró su función en la entidad financiera. Ése fue el único dato que quiso confirmar el portavoz, que se escudó en que por el momento lo que hay son muchas hipótesis abiertas. Camacho no desmintió a las fuentes del Gobierno citadas el día anterior por la agencia Efe, que aseguraron que Ortega incurrió en incompatibilidad, aunque precisó que "la situación del consejero es susceptible de interpretación jurídica". En el caso de que Gobernación detecte incompatibilidad se lo comunica "al interesado", añadió el portavoz, quien calificó como un "detalle administrativo" si dicha información se traslada de manera verbal o por escrito, es decir, si consta o no. Pese a ser un "detalle" burocrático, Camacho se apresuró a decir que "no hay ninguna obligación" en la ley que imponga a Gobernación "comunicarlo verbalmente o por escrito". En cualquier caso, destacó, "cada persona es responsable de sus actos". El Ejecutivo confía en que todas estas dudas se resuelvan en el Parlamento, donde Ortega ha pedido comparecer en la comisión del Estatuto del Diputado. No obstante, este órgano estudia las incompatibilidades de los parlamentarios y no la de los miembros del Gobierno, por lo que fuentes socialistas creen que debería explicar su caso en la comisión de Coordinación de las Administraciones Públicas. Lo que temen en el PSOE es que el asunto se convierta en un ping-pong entre el consejero y la Consejería de Gobernación. Izquierda Unida ha solicitado la comparecencia en la Cámara de su titular, Carmen Hermosín, para que "certifique si declaró o no" su pertenencia a la caja, informa Pedro J. Valderas. De hecho, el Consejo de Gobierno deberá responder en la sesión de control de mañana en el Parlamento a una pregunta del popular Antonio Sanz sobre la situación de Ortega, quien dimitió como secretario de la caja el mismo día en que se conoció la duplicidad. La iniciativa ha sido tramitada por la vía de urgencia extraordinaria y no va dirigida a ningún miembro del Ejecutivo en concreto. El portavoz del PP, Manuel Atencia, anunció que ha pedido la convocatoria de la comisión del Estatuto del Diputado para pedir la declaración presentada por el andalucista en el Registro de Bienes e Intereses del Parlamento. Ortega dijo el pasado lunes que "no recordaba" si declaró su puesto de secretario de la caja de ahorros en el fichero de la Cámara aunque éste no es incompatible con el de diputado. En caso de que hay omitido ese dato, el portavoz popular no descartó el que la comisión le imponga una sanción, como ya ocurrió con Juan Manuel Sánchez Gordillo. El diputado de IU fue multado con un mes sin sueldo por cobrar dos salarios públicos. Los populares aprovecharon la polémica para reclamar además de la dimisión o destitución de Ortega, un cambio en el Gobierno. "Chaves está obligado a provocar una crisis para acabar con estos dos años salpicados de escándalos", afirmó Atencia. La petición fue calificada como una "osadía" por el portavoz.