El Gobierno se amparará en la seguridad del Estado para defender las escuchas a HB

El Gobierno se amparará en la seguridad el Estado y en la legislación europea para defender el espionaje a la sede de HB en Vitoria por parte del Cesid. Ante el Congreso, el próximo martes, y ante la juez que investiga el caso, si fuera preciso, el ministro de Defensa, Eduardo Serra, se remitirá a la ley de Secretos Oficiales para no facilitar datos sobre la operación. Tras la entrevista que mantuvo ayer Serra en La Moncloa con el presidente José María Aznar, fuentes gubernamentales descartaron el cese del ministro y el relevo a corto plazo del director general del Cesid, Javier Calderón.

El ministro de Defensa, Eduardo Serra, salió ayer tan hermético como satisfecho del palacio de La Moncloa, donde mantuvo su primera entrevista con José María Aznar desde que se descubrieron las escuchas en la sede de Herri Batasuna en Vitoria. Aunque desde su departamento se insistía en que se trataba de un despacho habitual, en el que se abordaron otros asuntos, como el proyecto de profesionalización de las Fuerzas Armadas, el escándalo protagonizado por el Cesid acaparó toda la atención. Distintos miembros del Gobierno multiplicaron ayer las muestras de apoyo a Serra, tratando de desmentir las tensiones que este asunto ha generado en el Ejecutivo. El vicepresidente Francisco Álvarez Cascos y el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, protagonistas de las disensiones, acudieron anoche a la entrega del premio Jovellanos al ministro de Defensa, quien ha asumido toda la responsabilidad sobre el caso, exculpando a sus compañeros de gabinete.

En su reunión con Aznar, Serra le adelantó las líneas maestras de su intervención ante el Congreso, donde deberá dar una respuesta tanto jurídica como política a la crisis. La dimisión del ministro ha quedado totalmente descartada, mientras que el relevo del director general del Cesid, Javier Calderón, no se contempla a corto plazo, aunque podría producirse en unos meses en el marco de una reforma de los servicios secretos que el Gobierno se propone relanzar.

"Resulta muy duro ofrecer la cabeza de Calderón por haber espiado a los que jalean a los asesinos de nuestros concejales", manifestaba ayer un dirigente del PP, resumiendo un estado de ánimo que parece haberse impuesto frente a quienes defendían una respuesta drástica para huir de cualquier comparación con la actitud que tuvieron los socialistas.

El ministro Serra está firmemente decidido a escudarse en la ley de Secretos Oficiales para no facilitar a la juez que investiga el caso cualquier dato sobre los agentes o sistemas operativos del centro de inteligencia. Esta postura podría desembocar en un nuevo conflicto de jurisdicción, como el que mantuvo el Gobierno del PSOE con el juez Baltasar Garzón a propósito de los papeles del Cesid, aunque en este caso los servicios jurídicos de Defensa no tienen ninguna duda de que la materia en litigio afecta a la seguridad del Estado.

Dichos servicios trabajan aceleradamente en la elaboración de un informe que, aunque no pueda establecer la legalidad de las escuchas, sí demuestre que éstas no tienen carácter delictivo. Defensa trabaja no sólo con la legalidad española, sino también con la jurisprudencia europea, que reconoce a los países el derecho a realizar escuchas telefónicas cuando se encuentre en peligro la seguridad del Estado.

Por ejemplo, la directiva del Parlamento y del Consejo europeos del 15 de diciembre pasado, sobre tratamiento de datos personales y protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones, reconoce que los estados de la UE pueden realizar interceptaciones legales de comunicaciones para proteger la seguridad pública, la defensa y la seguridad del Estado.

Esta directiva se refiere a "interceptaciones legales", lo que presupone una legislación nacional que en España no existe. Desde esta perspectiva, la actuación del Cesid estaría en la alegalidad más que en la ilegalidad. La necesidad de llenar este vacío legal, mediante una normativa que regule las escuchas en defensa de la seguridad del Estado, siempre bajo control judicial, sería una de las conclusiones de la crisis, junto a la necesidad de impulsar la reforma del servicio secreto, desbloqueando una ley que el Gobierno tiene aparcada desde hace un año y medio. En el Congreso, Serra eludirá aportar cualquier dato concreto sobre la operación de Vitoria e incluso, si es posible, un reconocimiento expreso de la autoría del Cesid, aunque remitirá a una futura reunión de la Comisión de Secretos Oficiales si se le demanda mayor información.

El Gobierno cuenta con la actitud comprensiva del PSOE, entre otras razones porque las escuchas se iniciaron bajo su mandato, y con la beligerancia de Izquierda Unida, PNV y el Grupo Mixto. También se baraja la destitución de algunos mandos intermedios del servicio secreto, responsables de los fallos que permitieron descubrir la operación, pero el Ejecutivo es consciente de que estas medidas difícilmente contentarán a quienes exigen responsabilidades políticas.