Barrionuevo ya lo hizo y el alcalde firmó a favor

La medida del edil de Hacienda, Pedro Bujidos, del PP, no es nueva en el Ayuntamiento de Madrid. En noviembre de 1979, cuando al frente del municipio estaba Enrique Tierno Galván, del PSOE, el por entonces concejal de Seguridad y Policía Municipal, José Barrionuevo (luego ministro de Interior), puso en marcha un proceso similar. Por entonces se cobraba el 29% de las multas impuestas, un 9% de lo que se cobra ahora.Hubo críticas de diversos sectores, entre los que se encontraba el Real Automóvil Club de España (RACE), apelando a la ilegalidad de la medida. El RACE, incluso, creó un servicio jurídico especial y gratuito para atender a los conductores afectados.

El equipo de gobierno municipal insistió en que la ley le amparaba y se apoyó, sobre todo, en un dictamen favorable del fiscal general del Estado.

El Ayuntamiento, que tenía previsto empezar a embargar los coches aquel 6 de noviembre, retrasó la fecha una semana para dar más cuartelillo a los morosos la la vista de las grandes colas ante la oficina de la recaudación de multas".

Con todo, en los tres primeros días se embargaron 64 automóviles. El procedimiento era el siguiente: la grúa se llevaba un vehículo mal aparcado, y cuando el dueño iba a retirarlo, se encontraba con que la Policía Municipal no le permitía recogerlo hasta que no pagase las multas que debía. Sobre la impopularidad del asunto, Tierno dijo entonces: "Es que en este país todo el mundo se siente tocado en lo más profundo de su escasa conciencia cuando le tocan el coche".

En febrero de 1980, el Ayuntamiento ya había embargado 2.500 coches, de los cuales se subastaron una docena (su dueño no los había retirado).

La medida, con el tiempo, se fue olvidando hasta que en 1983, siendo concejal de Seguridad y Policía Enrique Moral, se reactivó. Pero, en diciembre de 1985, el municipio, aún en manos socialistas, dio marcha atrás. La razón: seis órdenes judiciales dictadas en noviembre obligaban al Ayuntamiento a devolver el coche a su propietario aunque no hubiera pagado las multas.

El alcalde, José María Álvarez del Manzano, del PP, miembro del denominado G7 (grupo que reúne los alcaldes de las siete mayores capitales de España), está de acuerdo con la medida: al menos, así lo consignó en una reunión de este grupo, en julio de 1996. Entonces, el G7 presentó un documento, firmado por todos los alcaldes reunidos, en el que se abogaba por el embargo de coches a los morosos de multas, entre otras medidas coercitivas. En concreto, la propuesta firmada por los siete alcaldes decía así: "Embargo de cuentas, depósitos o vehículos por impago de impuestos sobre vehículos de tracción mecánica o sanciones por infracción de las normas de circulación".

Los regidores que estuvieron de acuerdo entonces, además de Álvarez del Manzano, fueron los siguientes: Pasqual Maragall, de Barcelona (PSOE); Josu Ortuondo, de Bilbao (PNV); Rita Barberá, de Valencia; Soledad Becerril, de Sevilla; Celia Villalobos, de Málaga, y Luisa Fernanda Rudi, de Zaragoza (todos éstos del PP).