Los sindicatos presionan para vigilar el destino de los 4,8 billones comprometidos en pensiones

Mayo de 1999. Ésa es la fecha tope que tienen las empresas que hayan asumido compromisos de pensiones con sus empleados para cuantificarlos, sacarlos de sus balances y ponerlos en manos de una gestión externa a la sociedad. Este complicado proceso -pues necesita e consenso trabajador-empresario y unos complejos estudios actuariales- se está dilatando en exceso, según los sindicatos. UGT y CCOO quieren vigilar y participar en el proceso "para garantizarlo". En estos momentos, esa conversión movería 4,8 billones de pesetas y afectaría a cerca de un millón de trabajadores. Las centrales temen que algunas empresas tengan dificultades financieras para afrontar esos compromisos.

Las centrales sostienen que este proceso se asienta sobre la base de que el compromiso de pensiones no es ni más ni menos que un salario diferido y que, por lo tanto, deben participar activamente en su desarrollo y control.Según sus cálculos, la externalización afecta a cerca de un millón de trabajadores, de los sectores del metal, químico, eléctrico, minería, construcción o alimentación. Las entidades financieras están excluidas de esta obligación.

La principal preocupación de los sindicatos es que este proceso está siendo más lento de lo previsto, "puesto que no hay avances significativos y el plazo definitivo, que se abrió en mayo de 1996, se cierra en mayo del año próximo", comentan desde UGT Metal.

"Éste no es un proceso sencillo. Se necesita que los empresarios hagan sus valoraciones y cálculos actuariales, que los trabajadores efectúen su contraanálisis y que se llegue a un acuerdo sobre cómo se articula ese pacto", explican. Las posibilidades que ofrece la legislación son dos: a través de un fondo de pensiones de empleo o mediante un seguro colectivo.

Si se utiliza la primera fórmula, la representación de los sindicatos está garantizada, porque en la actualidad, y por ley, son mayoría en la comisión de control de los fondos de pensiones.

Nuevo reglamento

En el segundo caso, la situación es más complicada, porque no hay ningún mecanismo establecido para que los representantes de los trabajadores sigan de cerca el proceso. Articular alguna fórmula para cubrir ese vacío es precisamente una de las peticiones de los sindicatos a la Administración.En la actualidad, la Dirección General de Seguros está dando los últimos retoques al reglamento de todo el proceso. Ésta es una vía para desarrollar las pretensiones de las centrales, aunque éstas consideran la negociación colectiva como el campo adecuado para limar diferencias.

Otros dos puntos que preocupan a los representantes de los trabajadores son la compra de derechos y los posibles problemas financieros que pueden tener ciertas empresas para cubrir sus compromisos.

En el primer punto, los sindicatos han detectado varios casos en los que los empresarios han ofrecido y los trabajadores han aceptado la compra en un solo pago de los derechos, a título individual.

Una práctica que ha sido prohibida tajantemente desde las direcciones de UGT y CCOO, dado que consideran que ese sistema, además de insolidario, roza la ilegalidad.

En el segundo, la financiación, los sindicatos temen encontrarse con casos en los que los fondos destinados a cubrir compromisos de pensiones no sean más que apuntes contables. Por ello, pedirán a la Administración un control riguroso de los planes de pago que se presenten, así como fuertes sanciones en caso de un incumplimiento flagrante.

La primera piedra de toque para poner en marcha todas estas cautelas sindicales y para que el proceso arranque definitivamente es la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). Sólo esta operación representa, según quien haga los cálculos, entre 1,2 y 1,4 billones de pesetas.

Para cubrirla, la dirección de la SEPI tiene previsto que se cree un grupo de entidades financieras -no Musini en solitario como estaba previsto- y que la elección se haga mediante concurso. Esta fórmula de selección no está, sin embargo, totalmente definida y está sobre la mesa de negociación abierta entre la SEPI y los sindicatos.