La investigación de las escuchas a HB reabre la brecha entre Atutxa y los jueces

La decisión de la juez que instruye el sumario por las presuntas escuchas ilegales a Herri Batasuna de encargar las investigaciones a la Guardia Civil, en funciones de policía judicial, en lugar de a la Ertzaintza (policía vasca), amenaza con abrir una nueva brecha y un capítulo más en los recelos entre el Departamento de Interior y los jueces. Por su parte, Herri Batasuna pidió ayer que se levante el secreto sobre el sumario y que la juez que instruye la causa llame a declarar de inmediato al jefe del espionaje español, Javier Calderón.

Fuentes del departamento que dirige Atutxa señalaron que la denuncia sobre las escuchas ilegales a la coalición independentista en su sede de Vitoria hace referencia a un delito ordinario cuya investigación, según el acuerdo que delimita los servicios entre los diferentes cuerpos policiales en el País Vasco, correspondería a la Ertzaintza. El propio consejero Atutxa recordó el viernes, al valorar los hechos denunciados por HB, que "la policía judicial del País Vasco es la Ertzaintza". "La juez actuante ha creído conveniente encargar la investigación a la Guardia Civil y no se nos ha informado absolutamente de nada. No tenemos más datos que los conocidos públicamente", explicó el consejero vasco. Fuentes judiciales, sin embargo, señalaron que el juez tiene absoluta libertad para determinar a qué policía encarga una investigación y precisaron que la "lentitud y excesiva burocratización" de la Ertzaintza pueden haber aconsejado recurrir a la Guardia Civil, informa, El Acuerdo de Delimitación de Servicios firmado en 1989 se complementó en junio de 1995 con unos criterios que especificaban las atribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y de la Ertzaintza en funciones de investigación criminal y policía judicial. Los primeros deben ejercer como policía judicial en el País Vasco cuando se trate de delitos cometidos fuera de la comunidad autónoma y en otros seis casos tasados: contrabando; delitos contra la Hacienda estatal; falsificación de documentos públicos cuya expedición corresponda al Estado (DNI, pasaporte y análogos); los cometidos en dependencias de la administración central, en los aeropuertos, los relacionados con la vigilancia aduanera, de puertos y de control de entradas y salidas de extranjeros; los referidos al control de armas y explosivos y, por último, los de rebelión, sedición y traición o que comprometan la paz o la independencia del Estado.A la Ertzaintza le corresponden las funciones de investigación criminal y policía judicial en "el resto de los hechos delictivos" cometidos en Euskadi. Estas competencias de la Ertzaintza tienen como única limitación la de que los delitos, de cualquier índole, hayan sido cometidos por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones o prevaliéndose de su condición. Para estos casos, el acuerdo establece, paradójicamente, que la investigación la realice precisamente el cuerpo al que pertenezca el presunto infractor. Así, el Cuerpo Nacional de Policía investigaría los delitos cometidos por policías nacionales, la Guardia Civil los de sus agentes y la Ertzaintza los de los suyos.

Por su parte, el coordinador de HB en Álava, Santi Hernando, anunció ayer que su formación ha recurrido el secreto sumarial porque son "los más interesados en que la investigación llegue hasta sus últimos extremos" pero siendo "parte directa".

Además, criticó la "lentitud" en la actuación judicial, y solicitó que la juez tome declaración "urgente e inaplazable" al responsable del Cesid, Javier Calderón, y que se estudie toda la "trama" del asunto. Hernando dijo que no se trata de un delito cometido por personas, sino de una "estrategia del Estado en contra del independentismo y de todo lo que huele a vasco''. A su juicio, por tanto, no se deben exigir sólo responsabilidades individuales, porque si se cesara a Calderón, su sustituto "seguirá aplicando la misma guerra sucia".

Por otra parte, el PP vasco trasladó ayer al PSOE las responsabilidades de las escuchas ilegales a HB. Según el parlamentario autonómico Carlos Urquijo, las supuestas operaciones ilegales se remontan a 1992, una época en la que, según afirma en un comunicado, "cuando no se robaba de los fondos reservados se enterraba a los etarras en cal viva o se escuchaban las conversaciones privadas del Rey".