30 afiliadas abandonan un sindicato para exigir sanciones contra su líder

Más de 30 afiliadas de la Confederación Intersindical Galega (CIG) de Lugo se han dado de baja temporalmente en este sindicato para reclamar del mismo un castigo a su dirigente Manuel Paz Flores, condenado por un juzgado de la misma provincia a pagar una multa de 15.000 pesetas por agredir a una mujer, familiar suya. "No estoy ni he estado nunca condenado por agresión a nadie", aduce Manuel Paz, para quien todo remite a un conflicto interno del sindicato. "Hay una condena por agresión e indicios de malos tratos", mantiene la secretaria de la Mujer de la CIG en Lugo, Nieves Núñez. "Y lo importante para nosotras no es la cuestión personal, sino la actuación del sindicato, que no puede ser cómplice", añade.El conflicto, según Paz Flores, lo han suscitado "una o dos personas" de la CIG de Lugo y lo está dirigiendo la Secretaría da Muller. El sindicalista, liberado y miembro del Consello Confederal de la CIG, el máximo órgano del sindicato, achaca el problema a inquinas personales y pide tiempo para que pueda aclararse en todos sus extremos. Hasta entonces, se limita a negar las acusaciones que pesan contra él, a saber, una condena por agresión a una mujer, fallada por un juzgado de Lugo en diciembre, e indicios de malos tratos constatados por la Secretaría da Muller, después de realizar pesquisas por su cuenta desde el mes de octubre.

Malos tratos

Estas circunstancias, según Nieves Núñez, desbordan el ámbito privado de Paz Flores por el cargo que ostenta en el Consello Confederal. El mismo colectivo femenino de Lugo considera que, "al margen de las personas", el sindicato debe responder internamente "con la misma contundencia y rapidez que exigimos de otras instituciones" en casos análogos.La misma secretaría desconvocó este año en Lugo la manifestación conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, convocada en todas partes precisamente contra los malos tratos a las mujeres, como medida de presión del citado colectivo para que le fuera abierto un expediente a Paz Flores y que, hasta su resolución, éste fuera suspendido cautelarmente de sus cargos en el sindicato.

El Consello Confederal se pronunció entonces, por mayoría, a favor de la expulsión cautelar de Paz Flores, pero la propuesta no alcanzó efecto por no contar con el quórum necesario de los dos tercios de los consejeros. De los 80 que lo forman, apenas un 10% son mujeres. No obstante, se aprobó abrir un expediente al sindicalista, concluido ya en su fase de instrucción.

Tres miembros del sindicato han hablado con el interesado, con sus familiares y con otros afectados de la propia organización. No se han hecho públicas las conclusiones a que han llegado y que serán sometidas a la decisión última del Consello Confederal, probablemente antes de fin de mes. Fernando Acuña, secretario general de la CIG, ha señalado que el procedimiento sigue sus trámites, y el caso, del que no existen precedentes en el sindicato, tendrá solución a muy corto plazo.