Sorprendente

En ocasiones resulta sorprendente cómo los políticos pueden resolver en varios meses un problema que en años no han sabido o no han querido resolver. Desde el año 1989 no ha sido convocado ningún concurso oposición para médicos especialistas del Insalud. El organismo convocante ha basado su pasividad en las restricciones presupuestarias y en la complejidad del procedimiento. El resultado ha sido la acumulación de un alto porcentaje de profesionales interinos y la falta de promoción profesional para los facultativos con plaza en propiedad y que desearían acceder a plazas de hospitales con más posibilidades. Si a esto añadimos la alta tasa de paro entre los profesionales que han terminado recientemente el período de residencia, la conclusión es que existe un considerable malestar en todos los colectivos implicados. Es obvio que ninguna soPasa a la página siguiente

Viene de la página anterior lución al problema puede tentar a todos, pero en un Estado social y democrático de derecho los problemas se deberían solucionar conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad de los aspirantes y a lo que indiquen las normas relativas a la provisión de empleos públicos. Al parecer, éste no es el objetivo del Ministerio de Sanidad ni del Insalud. Ambos han optado por el poder que confiere el BOE y la Ley de Presupuestos, donde han añadido una serie de disposiciones que garantizan al personal interino la ausencia de competidores en el proceso selectivo, que va a ser regulado en una próxima convocatoria que tendría un carácter excepcional. A los propietarios de otras plazas se les prohibe expresamente presentarse a la oposición porque, a la vez, va a salir a concurso de traslado un rídiculo 10% de las plazas. Por otra parte, los especialistas en paro prácticamente no van a tener ninguna posibilidad, puesto que los servicios prestados se valorarán al máximo y ellos, por desgracia, no han tenido la oportunidad de conseguirlos.

Resulta bastante paradójico que, ante nimiedades como la de dejar de financiar un laxante, la oposición y los sindicatos se han echado a la calle. Sin embargo, ante un problema mayor casi nadie se ha manifestado en contra ni se ha propuesto debatirlo en foros públicos.

Desconozco si este asunto interesa o no a la opinión pública, o si, por el contrario, lo considera sólo un conflicto entre colectivos de la misma profesión. Lo que sí parece claro es que, de llevarse a cabo la provisión de pla zas de la manera elegida, se podría producir un daño irreparable a los profesionales y a la confianza en el sistema, además de crearse un precedente peligroso para resolver problemas análogos en otras administraciones públicas.-