"Ego me absolvo..."

LA INVESTIGACIÓN interna realizada por el PP sobre la gestión del presidente de la Diputación de Guadalajara y senador por ese partido, Francisco Tomey, no ha encontrado indicios de "irregularidad", "corrupción" o "anomalía contable". La conclusión era de esperar si se tiene en cuenta la afición del PP a instrumentar aparatosas comisiones autoexculpatorias para distraer la atención sobre los casos de gestión dudosa o presuntas irregularidades de sus militantes. Pero mientras el informe del PP absolvía a Tomey de toda culpa y el comité ejecutivo del partido en Castilla-La Mancha avanzaba que no se tomarían medidas políticas contra él por la supuesta ocultación continuada de un déficit de 3.500 millones en los presupuestos de la Diputación -asunto que investiga el Supremo-, la Fiscalía Anticorrupción abría una indagatoria sobre el senador por supuesta prevaricación, información privilegiada y tráfico de influencias en las empresas en las que participan su hermano y su esposa, agraciadas con subvenciones y adjudicatarias de contratos públicos.En el informe exculpatorio, obra del diputado autonómico Pedro Peral, el PP es juez y parte y la credibilidad que debe concedérsele es, al menos, limitada. Su contenido tampoco impresiona. Asegura que la Diputación cumplió el ordenamiento jurídico vigente, pero no explica por qué los presupuestos contabilizaron de forma "pertinaz" los créditos de dudoso cobro para ocultar un déficit presupuestario. Mención aparte merece la imputación de los apuntes contables irregulares al interventor fallecido, como si los interventores no trabajaran sobre decisiones ajenas a su control.

La utilidad principal del informe es la de aportar una coartada para librar a Tomey de las sanciones políticas y permitir que el propio PP no se vea obligado a imponerlas. El subterfugio es tosco. Aplicando al partido de Aznar la política de separación entre responsabilidades políticas y penales que con tanto empeño defendió antes de 1996, Tomey debería dimitir a la espera de los resultados de una investigación judicial que está en marcha y que establecerá las responsabilidades penales. No se trata de rumores o acusaciones infundadas que puedan ser despachadas alegremente con las conclusiones de una inspección entre correligionarios; se, trata de diligencias abiertas por el Tribunal Supremo y de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción. En este momento preciso es donde se demuestra la voluntad de afrontar las responsabilidades políticas; si se demoran hasta que la justicia dé el siguiente paso -si llegara a hacerlo-, que es convertir a Tomey en imputado, ya no tendrán mérito político alguno.