Terrorismo y credibilidad

El mantenimiento del terrorismo etarra es en esencia un problema de credibilidad. Si en algún momento ETA se llegase a convencer de que haga lo que haga nunca va a conseguir sus delirantes objetivos con respecto al País Vasco, ETA dejaría de matar. Es decir, si el Estado consiguiera hacer creíble a los terroristas su promesa de no ceder jamás, de resistir ante cualquier ataque por bárbaro que sea, ETA dejaría de tener incentivos para continuar con su estrategia de terror. Propondría abandonar las armas a cambio de algunos beneficios penitenciarios. Si ETA continúa es porque le queda una última esperanza.Esta manera de abordar el asunto descarta algunas interpretaciones muy extendidas según las cuales ETA obra irracionalmente. La banda terrorista tiene un objetivo claro y actúa en función del mismo: matar hasta doblegar al Estado. Tal vez el Estado no se conmueva lo suficiente ante el asesinato de tres o cuatro concejales, pero ¿qué ocurrirá cuando vayamos por el decimoquinto? ¿Seguirá manteniendo la calma el Gobierno? ¿Se atreverá algún partido político a decir que hasta aquí hemos llegado? ¿Se hartará la ciudadanía? ¿O el Ejército? Mientras ETA sospeche que hay una pequeña probabilidad de que esto suceda, a ETA le conviene mantener su estrategia de lucha armada. El arrepentido Soares Gamboa lo cuenta con mucha sencillez en su reciente libro: "Se produjo un atentado mortal en Madrid, y alguien de los que estábamos en la casa de la República Dominicana lo aplaudió, añadiendo el comentario estrella de ETA: "Ahora, cinco o seis más y tenemos a los españoles tocando a la puerta".

Nótese además que no tiene mucho sentido creer que los etarras matan porque no saben hacer otra cosa o porque obtienen beneficios de pertenecer a una banda asesina. Los riesgos que asumen son muy altos: casi todos ellos acaban muertos o en la cárcel. De hecho, se ha calculado que el tiempo medio de libertad de un etarra en acción es sólo de tres años.

Supondré entonces que ETA es un actor racional. Mata porque cree que queda una cierta probabilidad de que matando el Estado acabe por ceder. ¿Cómo puede convencer el Estado a ETA de que esa probabilidad se ha desvanecido? ¿Cómo puede hacer creíble su compromiso de no ceder jamás?

El Estado tiene ciertas desventajas estructurales en relación a ETA que dificultan mucho la credibilidad de su compromiso. ETA, por ser una organización clandestina, procesa muy mal la información que viene del exterior. Al mantener la disciplina interna mediante una represión feroz, podría suceder que cada uno de los etarras se convenciera de que se encuentra en un callejón sin salida y no obstante ETA, como organización, siguiese matando. El miedo de cada terrorista individual puede ser suficiente para imposibilitar una discusión abierta sobre los medios y los fines de la banda. No es casual que los etarras menos cerriles se den cuenta de su error cuando pasan largas temporadas en el exilio o en la cárcel. En definitiva, ETA tiene un contacto muy lejano con la realidad que le rodea y justamente esto se transforma en una ventaja decisiva a la hora de hacer creíble su amenaza de que no va a parar de matar hasta conseguir sus fines.

En cambio, los Gobiernos democráticos son demasiado sensibles al problema del terrorismo. Precisamente porque pretenden ganarse el favor de los ciudadanos, les costará resistir la tentación de intentar encontrar nuevas soluciones que terminen con el problema de una vez por todas. El Gobierno que lo consiga se apuntará un triunfo espectacular. Por eso, aunque digan lo contrario, tratarán de tantear a ETA e iniciar conversaciones con los terroristas.

Hasta el momento todos los Gobiernos democráticos han mantenido conversaciones de mayor o menor calado con la banda terrorista. O con otras palabras, la estrategia meramente policial que algunos critican tras los atentados no se ha llevado nunca a la práctica. Sigue inédita. Si la clave está en la credibilidad del Estado, resulta lógico que ETA haya seguido matando todo este tiempo, pues los Gobiernos, pese a sus solemnes desmentidos, no han dejado de ofrecer en secreto vías de diálogo. Cada una de las aproximaciones a ETA ha erosionado fatalmente la credibilidad del compromiso estatal de no ceder jamás a las exigencias terroristas. ETA entiende estos contactos como señales confirmatorias de que se halla en el buen camino, de que es necesario acumular más muertos para, cuando llegue el momento, ponerlos encima de la mesa de negociación. Por si estas dificultades no fueran suficientes, en un sistema democrático basado en la alternancia del poder cuesta mucho hacer creíble que no se va a cambiar de estrategia. Incluso si un gobierno se convence de que resulta contraproducente cualquier contacto con ETA, ETA puede sospechar que eso sólo será así mientras dure ese gobierno, pero no con el que lo reemplace.

¿Qué tendría que ocurrir entonces para que el Estado democrático haga creíble su compromiso de no negociar nunca con los terroristas? Por lo pronto, dos cosas. En primer lugar, sería indispensable que la ciudadanía exigiese a sus representantes total sinceridad en esta cuestión. Si se descubre que el Gobierno ha mentido en política antiterrorista, dialogando con ETA cuando ha prometido lo contrario, el público debería reaccionar unánimemente contra ese Gobierno, con mayor indignación incluso que cuando se destapan casos de corrupción o abuso de poder. Los políticos han de ser conscientes de que asumen un riesgo excesivamente alto si juegan a las negociaciones. Mientras no se les castigue electoralmente, la tentación de experimentar con las políticas antiterroristas no desaparecerá. Esto, por descontado, requiere un alto grado de concienciación ciudadana.

En segundo lugar, es imprescindible que haya unidad entre los partidos. Para que la promesa estatal de no ceder sea irreversible, los etarras han de comprender que los partidos no van a explotar sus diferencias en este asunto. Basta que se descubran contradicciones entre los partidos para que ETA intente ahondar en ellas. No deja de ser curioso que los políticos hayan hecho una colusión exitosa en materia de pensiones (Pacto de Toledo) y no lo consigan, pese a los pactos firmados, en materia antiterrorista. La existencia de un mercado electoral propio (el vasco) introduce perversos incentivos, sobre todo si hay un grupo como el de los nacionalistas que obtiene beneficios políticos de sus distanciamientos y acercamientos respecto del compromiso estatal contra ETA. Mientras los nacionalistas no comprendan las consecuencias (tal vez) no intencionadas de su postura, la promesa de no ceder nunca no podrá ser enteramente creíble.

Si no se cumplen estas dos condiciones, entonces o bien ETA seguirá indefinidamente en tanto conserve el apoyo de algunos vascos, o bien el Estado terminará cediendo, aunque sólo sea parcialmente, a las exigencias antidemocráticas de ETA. Y si el Estado y la ciudadanía están dispuestos a ceder, lo que revelaría una profunda debilidad moral de nuestra sociedad, sería conveniente que lo hicieran cuanto antes, para evitar más muertes inútiles.