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El fiscal anticorrupción abre diligencias contra Tomey y sus empresas

Javier Casqueiro

El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, José Jiménez Villarejo, decidió ayer abrir una investigación oficial sobre las actividades del senador del PP Francisco Tomey al frente de la Diputación de Guadalajara y sobre la trama de las empresas de su familia. El fiscal Anticorrupción recabó el visto bueno para esta actuación del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal. La investigación se apoya en una denuncia de Nueva Izquierda (NI) contra Tomey en la que se le acusa de prevaricación, uso indebido de información privilegiada y tráfico de influencias.

La decisión de José Jiménez Villarejo, comunicada ayer oficialmente al diputado de Nueva Izquierda de Castilla-La Mancha que presentó hace un mes una denuncia contra Tomey por tres presuntos delitos, supone de hecho admitir a trámite esa reclamación. La denuncia del diputado de NI acusaba a Tomey de prevaricación, abuso o uso indebido de información privilegiada y tráfico de influencias.El diputado denunciante de NI, José Molina, justifica su acusación de los tres presuntos delitos en la concesión de créditos por valor de hasta 500 millones de pesetas a la empresa de la que son socios el hermano y la esposa del senador del PP. Una empresa que intentó construir sin éxito una promoción de chalés en el embalse de Entrepeñas. También denunciaba NI como irregulares las actividades de otra empresa de Tomey relacionada con los seguros, Proases, que se benefició de contratos millonarios por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la que Tomey es vicepresidente.

El fiscal Anticorrupción admite así a trámite la denuncia de NI y abre desde ayer una investigación oficial sobre el caso. Jiménez Villarejo llamará a declarar en los próximos días a todos los implicados, que pueden resultar decenas, a excepción, de momento, de los dos aforados afectados, ambos por su condición de senador: el propio Tomey y el actual alcalde de Guadalajara, José María Bris, del que se ha solicitado ya oficialmente su suplicatorio en la Cámara alta.

Investigación y carpetazo

El Comité Ejecutivo regional del PP en Castilla-La Mancha, sin embargo, no va a adoptar ninguna medida contra el presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, Francisco Tomey. Así lo decidió ayer en Toledo después de comprobar que el informe interno del partido exculpa a Tomey de un presunto delito continuado de falsedad en documento, oficial -consistente en la ocultación de un déficit de más de 3.500 millones de pesetas en los presupuestos de la diputación- y sólo admite que se registró una "contabilidad indebida" de la que culpa al interventor, quien falleció poco después de que estallara el caso.El coordinador general del PP, Ángel Acebes, matizó que la investigación interna de su partido sobre el caso Tomey no es un "carpetazo" al asunto, sino que pedirán responsabilidades si llegara a haber datos para ello en las investigaciones pendientes ante la justicia y ante el Tribunal de Cuentas.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Agustín Conde, se sumó a esta interpretación de Acebes y aseguró que aunque eximen de responsabilidad política al presidente de la Diputación de Guadalajara, "no se da carpetazo al asunto". Aunque Conde cree que "no se pueden exigir responsabilidades, porque no las tiene". El autor del informe, Pedro Peral, mantiene que el presunto delito del que se acusa a Tomey es práctica habitual en las administraciones.

El secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, considera "hipócrita y cínico" que el PP concluya que el responsable de las irregularidades es un interventor fallecido. "Echarle el muerto al muerto es una muestra de hipocresía y de cinismo y, si se me permite la expresión, una tomadura de pelo". Almunia reiteró que Francisco Tomey debe dar cuentas ante el Tribunal Supremo y exigió al PP que aplique su doctrina y le cese de sus cargos públicos. El hecho de que Tomey siga "contando con el respaldo y el apoyo de la dirección del PP demuestra que todas las manifestaciones del señor Aznar sobre la lucha contra la corrupción son mentira", advirtió.

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Sobre la firma

Javier Casqueiro
Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.

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