El PP concluye que no hay corrupción en el 'caso Tomey' pero si "contabilidad indebida"

, El PP no ha encontrado ningún indicio de "irregularidad", "corrupción" o "anomalía contable" en los casi 2.000 documentos que ha examinado sobre la gestión del senador Francisco Tomey al frente de la Diputación de Guadalajara. El PP limita el caso Tomey a una cuestión de "contabilidad indebida" de muchos menos millones que los 3.500 señalados por la fiscal que denunció el asunto y sostiene que en todo momento se respetó la ley. El Tribunal Supremo, sin embargo, ha tramitado el suplicatorio de Tomey al encontrar indicios de delito de falsedad continuada. El PP reconoce que en ese agujero existen deudas sin justificación, pero achaca éste y los otros errores contables al interventor de la Diputación, ya fallecido.

El investigador interno del PP sobre el caso Tomey, el diputado autonómico de Castilla-La Mancha Pedro Peral, presentará esta tarde los resultados de su mes y medio de trabajo al comité ejecutivo regional del partido. Y será este comité el que determinará las responsabilidades políticas de esa "contabilidad indebida". El informe exculpa a Tomey de todo acto irregular, y sólo se admite que en los presupuestos escrutados de la Diputación se observa la contabilidad de una serie de derechos que en su momento debían de haberse dado de baja como tales "manteniéndolos indebidamente como pendientes de cobro", y también otros que nunca debían haberse considerado siquiera como tales.Pero esta práctica contable, que la oposición socialista en Guadalajara y la fiscal sitúan entre los años 1991 y 1996, procede, según el investigador, de mucho antes y se justifica como algo habitual en muchos organismos provinciales. El autor del informe la achaca fundamentalmente a los criterios profesionales del interventor.

La investigación del PP, medio centenar de folios que ayer aún estaban en el proceso frenético de perfilar sus detalles, fue remitida a la dirección del partido sin concluir el pasado viernes. La cúpula del partido, que al principio había demandado "rigor más que rapidez", empezaba a estar apurada en los últimos días ante las interpretaciones del retraso de esta actuación. Ayer mismo el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José Bono, acusaba al presidente del Gobierno central y líder popular, José María Aznar, de intentar tapar en este caso las responsabilidades que en su día exigió a los socialistas acusados de corrupción.

Este trabajo del PP le sirve para descartar oficialmente las palabras "corrupción", "delito" e "irregularidad", y muy posiblemente para obviar las responsabilidades políticas de Tomey. El PP rechaza así la acusación de la fiscal de un delito continuado de falsedad. Para el partido en el poder, en el caso Tomey "nadie se ha llevado una peseta".

Las conclusiones de esta investigación sí ratifican una actuación negligente del anterior interventor de la Diputación Provincial de Guadalajara, José Villalgordo Rodríguez, imputado por la fiscal. Este asunto, denunciado por el PSOE de Guadalajara el pasado verano, estalló el pasado 7 de febrero, cuando se conoció que la fiscal remitía su trabajo al Fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, al estar acusado Tomey, aforado por su condición de senador. El interventor Villalgordo falleció seis días después.

El testimonio del interventor

La muerte del interventor le ha dejado con una complicada defensa para rebatir estas acusaciones. Sin embargo, el propio interventor ya indicó cuál era su posición en las tres declaraciones que realizó ante la fiscal y que constan en el voluminoso sumario que ahora indagará el Tribunal Supremo. A la primera declaración acudió nervioso y la Fiscal postergó para otra ocasión el interrogatorio. En la segunda se personó con abogado, y en la tercera aportó una declaración escrita de 15 folios.El interventor reconoce en su testimonio que efectuaba ese tipo de contabilidad inflada desde 1987. Pero niega la práctica de incluir en los presupuestos participaciones no aseguradas del Estado y deudas de incierto cobro con el objetivo de aumentar la partida de ingresos y, por tanto, la de gastos.

Sobre el fondo de la acusación, la incorporación "ficticia" a la liquidación de los presupuestos de la Diputación de 3.500 millones de pesetas, la investigación del PP encuentra cierta "defensa dialéctica" para 1.300 millones que se consignaban como contribuciones posibles del Estado. Esas partidas nunca han sido asumidas por el Estado. Sin embargo, Tomey y otros 83 senadores del PP presentaron en 1993 un recurso de inconstitucionalidad contra una modificación de la ley estatal que fijaba los criterios de esas asignaciones. Ese recurso, que nunca asumió la Federación Española de Municipios y Provincias de la que Tomey es vicepresidente, está por resolver.

También está por resolverse el suplicatorio que el Tribunal Supremo ha remitido recientemente a la Cámara alta para poder actuar contra Francisco Tomey y al que éste ha dado su conformidad. Ayer el pleno del Senado aprobaba en sesión secreta conceder los suplicatorios contra los senadores, también del PP, José María Bris, Julio Manuel Yebra Pimentel y José Gutiérrez.