La Diputación reconoce que no puede identificar a los deudores del 'caso Tomey'

Jaime lborra, secretario de la Diputación de Guadalajara, que preside el senador del PP Francisco Tomey, ha remitido un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) en el que reconoce que según el interventor de la corporación resulta imposible identificar a todos los deudores incluidos en la denominación genérica de "varios deudores" por ausencia de datos y porque los documentos justificativos no pueden ser localizados en los archivos. El secretario y el interventor de esta corporación local fueron requeridos recientemente por el citado tribunal para que justificaran la existencia de 3.500 millones de pesetas en deudas pendientes de cobro que aparecen en los presupuestos durante el periodo comprendido entre 1991 a 1996.Tomey está siendo investigado por la fiscalía del Tribunal Supremo por un presunto delito de falsedad en documento público. La fiscal jefe de Guadalajara, María Ángeles García, asegura que los presupuestos de la Diputación se maquillaron mediante "apuntes mendaces" y señala que la deuda de 3.500 millones es existente. La respuesta enviada por el secretario de la diputación a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del citado tribunal aporta 49 documentos con supuestos deudores de 1991 a 1996. En algunos consta su identificación e importe. Entre ellos aparece el Ayuntamiento de Guadalajara, el servicio provincial de recaudación y el obispado. Según Jesús Alique, portavoz de la oposición socialista, ninguno de los documentos corresponde a la deuda cuestionada de 3.500 millones.

Seguros municipales

El Ayuntamiento de Guadalajara no investigará la relación entre esta institución y la correduría de seguros Proases, propiedad del hermano de Tomey, informa José Luis Bravo. La mayoría absoluta del PP impidió ayer en sesión plenaria la creación de una comisión de investigación solicitada por el PSOE e Izquierda de Castilla-La Mancha-Nueva Izquierda.Proases, cuyo principal accionista es Pedro Tomey, gestiona los seguros municipales desde enero de 1997, que le reportan una comisión de dos millones al año. Según denuncia la oposición ese cambio de corredor se produjo de forma oscura y sin convocar concurso alguno.