Inseguridad

LA INVESTIGACIÓN abierta por el juez Manuel Mateo en la clínica Iris de Albacete, la única acreditada en esta ciudad para practicar interrupciones voluntarias del embarazado, constituye la enésima demostración de que la actual legislación sobre el aborto no sólo provoca una grave insegundad jurídica, sino que puede derivar fácilmente hacia procedimientos de investigación que recuerdan peligrosamente temidos métodos inquisitoriales de épocas pretéritas. Una mujer que había abortado en esta clínica se sintió indispuesta y, acompañada por los propios facultivos que le habían practicado el aborto, se dirigió a otro hospital de la ciudad dotado de mayor tecnología en previsión de posibles complicaciones. Al informar la mujer de que había abortado, un médico de este segundo hospital remitió el caso al juzgado por si el aborto era ilegal. El juez, con este único elemento como base, no sólo ordenó la detención de la mujer y de cinco facultativos, sino que ordenó además llevar al juzgado las 1.343 historias clínicas que se encontraban en el hospital, pertenecientes a otras tantas mujeres que han abortado en él en los últimos años.El Consejo General del Poder Judicial ha ordenado abrir diligencias informativas sobre la actuación del juez. Habrá que esperar a que esta investigación concluya para valorarla en todas sus consecuencias. Es de esperar que el juez sea capaz de esgrimir poderosas razones -indicios claros de delito- para ordenar la investigación del caso, porque sería inadmisible que hubiera actuado únicamente movido por una sospecha genérica e indefinida de ilegalidad. Muchas veces se ha dicho que la actual normativa deja al albur de la mentalidad de cualquier marido despechado o de cualquier médico antiabortista el que una mujer que ha recurrido al aborto bajo el amparo de la ley se vea sometida a una injusta persecución. Abrir una investigación sin indicios suficientes de delito demostraría que se ha actuado movido más por razones ideológicas que jurídicas.

Incluso en el supuesto de que hubiera indicios sólidos de delito, lo que no está justificado de ninguna manera es que, para llevar a cabo la investigación, se conculquen derechos fundamentales -como el derecho a la intimidad- y que esa vulneración afecte además a cientos de personas. El impacto conminatorio de una orden judicial puede explicar que los médicos de la clínica libraran sin resistencia los historiales clínicos, pero deberían haberse amparado en el derecho a la intimidad de las pacientes y en el secreto profesional para negarse a entregar datos íntimos de mujeres que nada tenían que ver con el caso que se pretendía investigar y que estos días están sufriendo la incertidumbre de verse envueltas en lo que lleva visos de convertirse en un proceso al aborto en general.