Los Quince estrecharán la colaboración en la lucha contra el terrorismo

Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (LTE) alcanzaron ayer un acuerdo político en Bruselas para imputar la pertenencia a una organización criminal a quienes hayan participado en un plan delictivo, aunque no estén implicados directamente en su ejecución. En virtud de dicho acuerdo, los Quince se comprometen a reforzar su cooperación en materia de terrorismo y otros actos de violencia.

Entre esos actos de violencia, el acuerdo recoge el compromiso de cooperación y asistencia mutua en casos de tráfico de seres humanos, blanqueo de dinero, narcotráfico, criminalidad económica grave y extorsión. El acuerdo, sujeto a una reserva belga para consultar a su Parlamento, define como organización criminal "la asociación estructurada de más de dos personas que actúan de manera concertada para cometer crímenes o delitos castigables con una pena privativa de libertad o de una medida de seguridad privativa de libertad de un máximo de al menos 4 años o de una pena más grave".Para facilitar la lucha contra las organizaciones criminales, cada Estado miembro se compromete a perseguir con sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, a quienes participen en la preparación o ejecución de una acción criminal. Serán comportamientos sancionables los de toda persona "que de una manera intencionada y teniendo conocimiento del objetivo y de la actividad criminal general de la organización o de la intención de ésta de cometer infracciones, participe activamente".

Asimismo, perseguirán "el comportamiento de toda persona que concluya con otros un acuerdo sobre el ejercicio de una actividad que pueda desembocar en crímenes o delitos, incluso cuando esta persona no participe en la ejecución propiamente dicha de la actividad". Cada Estado miembro debe asegurar que esos comportamientos que se produzcan sobre su territorio sean punibles "cualquiera que sea el lugar sobre el territorio de los Estados miembros donde esté basada la organización o ejerza sus actividades criminales o cualquiera que sea el lugar donde se sitúe la actividad".

El acuerdo subraya asimismo que esta acción común no afecta en nada a las obligaciones contenidas en el Convenio de extradición entre los Estados miembros de la UE, firmado por los Quince el 27 de septiembre del año pasado. Esta era una de las exigencias de España, para evitar casos como el del etarra José Luis Telletxea, que quedó en libertad en febrero de 1997 después de que el Tribunal Supremo de Portugal denegase una petición de extradición española y ordenase su inmediata puesta en libertad.

Los Quince dieron ayer respuesta a otra demanda española, al acordar que la Europol, la futura policía europea, emprenda "lo antes posible" actividades en la lucha contra el terrorismo. El Convenio Europol se firmó en 1995 para coordinar la lucha contra el tráfico de drogas y después se ha extendido para luchar contra el terrorismo.