Rajoy corrige el estatuto de los funcionarios tras las fuertes quejas de Rato

El Ministerio de Administraciones Públicas ha suavizado el ante proyecto del Estatuto de la Función Pública tras un fuerte enfrentamiento con Economía. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Francisco Villar, amenazó con su dimisión ante el subsecretario de Economía, Fernando Díez. Finalmente, el ministerio de Mariano Rajoy ha cedido a la demanda del departamento de Rodrigo Rato, opuesto a que el texto le obstaculizara a decidir, por ejemplo, una congelación salarial de los funcionarios. Economía denunció que el anteproyecto impediría en el futuro "medidas de contención del gasto". Rajoy ha atendido esta demanda.

El anteproyecto de ley de Bases del Estatuto de la Función Pública ha entrado en la fase final, tras pasar por la Comisión de Subsecretarios, y previsiblemente lo aprobará el Consejo de Ministros de la próxima semana. Su entrada en vigor supondrá el cumplimiento de un mandato constitucional al desarrollar el artículo 149 de la Carta Magna, que afectará a dos millones de funcionarios.El anteproyecto lo firmaron los ministerios de Administraciones Públicas y Economía con los sindicatos y las comunidades autónomas el pasado 10 de febrero, después de año y medio de largas negociaciones: El nuevo Estatuto reforma la carrera profesional, abre la puerta a la movilidad funcionarial y a la evaluación de rendimientos en la Función Pública y reconoce de. forma más clara la negociación colectiva entre la Administración y los sindicatos de funcionarios.

Precisamente, algunas de las condiciones pactadas entre el Ministerio de Administraciones Públicas y los sindicatos de funcionarios sobre la negociación colectiva, denunciadas por el Ministerio de Economía y Hacienda, abrieron un conflicto en las últimas semanas que se acaba de superar con una cesión del departamento de Mariano Rajoy.

Dos textos que Economía y Hacienda envió a Administraciones Públicas denunciaban que la legitimación de la negociación colectiva que hace el Estatuto impediría en el futuro "medidas de contención de gasto y reestructuraciones administrativas de cierta importancia". Uno de los aspectos más graves para Economía consistía en que determinados acuerdos -por ejemplo salariales tendrían "vigencia temporal indefinida, hasta tanto las partes, por mutuo acuerdo, no decidan su sustitución".

A juicio de Economía, esto significaba, por ejemplo, que el Gobierno podía atarse las manos para decidir una congelación salarial como la que planteó, por necesidades de ajuste presupuestario, en 1997. Este aspecto se recogía en el apartado 10 del artículo 90 del Estatuto, que consagraba una nota específica de la normativa laboral como la "ultraactividad".

Definitiva redacción

Tras un fuerte debate, Economía y Hacienda ha convencido a Administraciones Públicas de la necesidad de suavizar este apartado. Según la nueva y definitiva redacción que presumiblemente aprobará el Consejo de Ministros, "salvo acuerdo en contrario, los pactos y acuerdos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de una de las partes-. Esto es, si la Administración, por ejemplo, valorase la necesidad de una congelación salarial, la podría llevar a efecto, aunque hubiera acordado previamente con los sindicatos una prórroga de lo pactado.Sin embargo, Administraciones Públicas ha mantenido su texto frente a Economía en otros aspectos muy importantes para los sindicatos, como las materias obligatorias de negociación colectiva. Esto es, el calendario laboral, la jornada, los horarios, las vacaciones y la movilidad funcional y geográfica., También ha mantenido el texto inicial en lo referente al papel de igualdad que les otorga a los sindicatos de funcionarios ante la Administración, a lo que también se oponía Economía y Hacienda.

Fuerte enfrentamiento

El debate sobre estas cuestiones originó un fuerte enfrentamiento entre el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Francisco Villar, y el subsecretario de Economía y Hacienda, Fernando Diez Moreno. Villar, que llegó a amenazar con la dimisión, quería salvar su pacto con sindicatos y comunidades autónomas, en el que ha centrado el principal esfuerzo de su actividad en estos casi dos años de Gobierno, mientras que Díez Moreno quería mantener las competencias de Economía y Hacienda en las decisiones de gasto público.Por ello, y pese a la modificación del artículo 90, los sindicatos siguen defendiendo su apoyo al texto del anteproyecto al mantenerse una buena parte de sus logros. A su juicio, el nuevo Estatuto es un paso adelante al mantener un reconocimiento más claro de la negociación coletiva que, aunque reconocida formalmente por el Gobierno socialista en 1987, estaba sometida a numerosas trabas burocráticas que impedían su materialización.

Según el Estatuto de la Función Pública, los acuerdos entre Administración y sindicatos obligan a aquélla a cumplirlos. También se plantea la novedad de la fórmula del arbitraje para solucionar los conflictos, algunos de los cuales llevan cuatro o cinco años atascados.