Blair presiona a Santer para lograr más fondos estructurales de la UE

El primer ministro británico, Tony Blair, ha aplicado un tercer grado al presidente de la Comisión, Jacques Santer, para que su país logre un trato preferente de los fondos estructurales de la Unión Europea (UE), que garantizan la solidaridad interna. Londres se opone a que el criterio del desempleo juegue un papel determinante en ellos, contra el interés de España y las orientaciones dadas por el Consejo Europeo cumbre tras cumbre.

La presión de Blair ha sido "directa, tajante y envolvente", según fuentes conocedoras del encuentro entre ambos. Lo peor de todo, a juicio de éstas, es que el líder británico "se prevalió" de sus funciones al frente de la presidencia semestral de turno de la Unión para defender sus intereses nacionales. Blair efectuó su presión en una reunión bilateral con Santer celebrada en Londres el pasado miércoles.El primer ministro propugnó ante Santer que el nivel de desempleo no constituya un criterio básico para la distribución de los fondos correspondientes al objetivo 2, en el paquete presupuestario 2000-2006, cuyos reglamentos debe aprobar la Comisión Europea el próximo miércoles. El objetivo 2 es el que permite subvencionar a las regiones en declive industrial, agrícola, grandes ciudades con problemas de exclusión social y zonas pesqueras en reconversión.

Ocurre que el Reino Unido es el que registra un menor nivel de paro (6,6% el pasado diciembre) entre los grandes países de la UE: Alemania ostenta el 10%; Francia, el 12,2% y España, el 20,4%. Blair reclamó que los fondos dependientes de ese objetivo se atribuyan sobre todo en función de la renta regional.

Pero el criterio de renta ya es el que se utiliza para el objetivo 1, que subvenciona a las regiones con un producto inferior al 75% de la media comunitaria. Este objetivo se llevará la parte del león de los fondos estructurales, dos tercios del total de 210.000 millones de ecus (unos 35 billones de pesetas) durante el período 2000-2006. Apenas beneficia al Reino Unido, un país con alta renta.

Las presiones de Blair se producen después de que su ministra de Comercio e Industria, Margaret Beckett, fracasara en la misma tentativa durante un encuentro previo, el pasado día 25, con la comisarla europea de Política Regional, Monika WuIff-Mathies. La comisaria dejó claro en esa reunión que todos los países de la UE deberán sacrificar parte de las subvenciones que reciben para facilitar la ampliación al Este.

WuIff-Mathies recordó también a Beckett que Bruselas ha sido ya muy generosa. En la revisión de la lista de regiones beneficiadas por el objetivo 2 realizada hace dos años, debían haber caído varias regiones británicas. Entonces se decidió continuar las ayudas a ellas destinadas.

Y no sólo eso. En el reglamento de Fondos Estructurales que la Comisión aprobará el miércoles, se les sigue otorgando un trato generoso, tres años de prórroga después de haber superado el umbral establecido para ser elegidas como subvencionables dentro de ese objetivo. El Reino Unido pide más, seis años de reducción escalonada, el mismo plazo de gracia que se prevé para las regiones que deban abandonar el objetivo 1, como Valencia y Cantabria en el caso español.

Bruselas recuerda también que el Consejo Europeo o cumbre de jefes de Gobierno ha reclamado reiteradamente que el "criterio empleo" se incorpore a todas las políticas comunitarias. En realidad, ya lo viene aplicando al objetivo 2 desde 1994, con el expreso beneplácito británico, por lo que "resulta chocante" que ahora Londres "pretenda desdecirse".

Además, el proyecto del nuevo reglamento exhibe bastante flexibilidad en el objetivo 2. En principio, este debe beneficiar al 20% de la población europea, una reducción notable respecto del 26% actual. Esta concentración, que supone sacrificios para ciertos sectores, pretende centrar las ayudas en quienes más lo necesitan. Pues bien, el texto deja margen a los Gobiernos. La Comisión fijará unas cuotas nacionales según la cantidad de población que deba ser ayudada, y los ejecutivos de los Estados miembros podrán distribuir la mitad de esas cuotas dentro de su país, según criterios y necesidades propias.