Noticias de intererés

Todas las noticias son por definición interesantes, pero algunas lo son en el sentido más estricto: tocan de lleno intereses muy concretos y conflictivos. Son noticias que exigen al periodista el mayor esfuerzo profesional de que sea capaz para que ningún cabo informativo quede suelto, ningún hecho falto de verificación, ninguna fuente sin identificar y ningún punto de vista sin contrastar. Aun así, es probable que la información resultante no sea del agrado de quien se vea menos favorecido por los hechos.Dos noticias de este tipo, cada una en su ámbito, han sido cuestionadas últimamente ante el Defensor del Lector. Una de ellas está vinculada a la destitución de Gloria Moure como directora del Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC), dependiente de la Xunta de Galicia, uno de los hechos político-culturales más relevantes y discutidos de las últimas semanas. La otra se refiere al conflicto accionarial que afecta a la Universidad Europea de Madrid, un centro académico privado, con más de 7.000 alumnos y 700 empleados.

La primera de ellas, dada su dimensión política y las diversas lecturas a que se prestaba, ha tenido una amplia cobertura informativa tanto en la prensa gallega como en la de ámbito nacional. EL PAÍS informó ampliamente sobre el tema a través de sus corresponsales en Santiago de Compostela y A Coruña, Xosé Hermida y Xosé Manuel Pereiro, respectivamente. También se pronunció editorialmente en contra de la destitución de Moure, juzgándola "una buena prueba de cómo entiende el Partido Popular la política cultural: rechazo de la innovación y apuesta, por el retroceso, los caminos seguros y las experiencias trilladas". También El Correo Gallego, como el resto de la prensa gallega, informó ampliamente sobre el tema y tomó partido editorial. En su caso, a favor de la destitución de Moure "por el sectarismo con el que venía actuando contra aquellos creadores gallegos que no eran de su agrado".

El director de este periódico gallego, José Manuel Rey Nóvoa, cuestiona algunos extremos del artículo titulado El arquitecto golpeado por la policía en Santiago sufre un infarto, firmado por X. Manuel Pereiro (EL PAÍS del 10 de febrero). Además del título, objeta el dato de que su periódico reciba "ayudas de la Xunta equivalentes a la mitad del precio de cada ejemplar", así como de haber acusado a Pedro de Llano -el arquitecto golpeado y víctima de un infarto- "de haberse beneficiado sustancialmente de la gestión de Gloria Moure".

Pregunta el director de El Correo Gallego al Defensor del Lector si le parece que el titular de la información cuestionada "es informativo o esconde la intención de vincular el fallo cardiaco a la acción policial". Intenciones aparte, lo constatable es que ni en el titular ni en la información se observa dato alguno que establezca un nexo de causalidad entre uno y otro hecho. Es evidente, en cambio, cierta contigüidad temporal entre los golpes policiales producidos un jueves y el infarto sufrido el lunes siguiente. El titular reseña eso y nada más que eso. Pregunta también el director de El Correo Gallego si EL PAÍS activó algún mecanismo de control sobre la veracidad de las afirmaciones relativas a su periódico. Como sin duda sabe el director de El Correo Gallego, la primera y principal responsabilidad es la del periodista. Establecer un sistema preventivo de control sobre el contenido de las informaciones podría traducirse en una forma de censura impropia de un periodismo libre y responsable. Ello es coherente con el derecho de veto que tiene el director sobre la publicación de cualquier original, incluso publicitario, como ocurre en EL PAÍS. También con la diligencia que deben mostrar las instancias del periódico en subsanar errores y equivocaciones. Una de estas instancias es el Defensor del Lector, y esta columna es prueba de ello.

Sobre el tema de las subvenciones a El Correo Gallego, el Defensor del Lector estima que el redactor debió contrastar sus fuentes -la revista Tempos, número de julio-agosto de 1997con las propias del citado periódico. X. Manuel Pereiro está de acuerdo con este extremo: "Admito", afirma, "que si hubiese seguido fielmente las normas del Libro de estilo y confrontado con El Correo ese dato, podría haber contribuido quizás a aclarar esa maraña de ayudas que la oposición parlamentaria, equipos de investigación periodística (y las empresas editoras que se consideran agraviadas por el reparto), llevan tiempo tratando de desvelar". Pereiro aporta una información exhaustiva sobre esas ayudas publicada en La Voz de Galicia del 7 de julio de 1997, según la cual El Correo Gallego habría percibido en 1996 algo más de 258 millones de pesetas, es decir, 41,78 pesetas por ejemplar. Pero incluso de haber citado en su artículo una fuente tan conocida y solvente como La Voz de Galicia, no quedaría exonerado de contrastarla con El Correo Gallego. Según su director, esas subvenciones fueron algo más de 32 millones de pesetas en 1996.

Finalmente queda el punto de la acusación al arquitecto Pedro de Llano de "haberse beneficiado sustancialmente de la gestión de Gloria Moure". El Correo Gallego sólo acusó de tal "beneficio" -cobrar tres millones de pesetas por traducir textos al gallego- a la mujer del arquitecto, Margarita Neira, pero cuidando de resaltar ese parentesco con la coletilla "es la mujer de Pedro de Llano" o "da la casualidad de que es la mujer de Pedro de Llano". ¿Hubiera tenido ese dato interés informativo de no tratarse, efectivamente, de la mujer de Pedro de Llano? No le falta razón a Pereiro cuando declara al Defensor del Lector que entre las informaciones de El Correo Gallego y la suya existe al menos una identidad de espíritu.

Tan compleja como la anterior es la información que viene ofreciendo EL PAÍS (la última reseña, el pasado día 10) sobre la disputa accionarial de la Universidad Europea de Madrid y sus secuelas: conflictos judiciales, laborales e incluso políticos, al merecer el tema la atención de la Asamblea de Madrid. El director de relaciones institucionales de la dicha universidad, Graciano Palomo, juzga distorsionadas y perjudiciales para esta universidad privada las informaciones de EL PAÍS. Este punto de vista ya tuvo ocasión de manifestarlo en una carta al director publicada el pasado 27 de noviembre. El Defensor del Lector ha analizado las diversas informaciones de EL PAÍS y observa que han sido contrastadas con las diversas fuentes interesadas. Tampoco se han silenciado las que aseguran que el conflicto no afecta en absoluto a la calidad de la enseñanza de la Universidad Europea. Gabriela Cañas, autora del artículo Guerra por una universidad, quizás el más relevante sobre el conflicto, explica: "Para poder contar las vicisitudes de esta universidad privada se cumplió ampliamente el requisito de consulta con las partes implicadas. Obtuve la versión directa sobre los hechos del presidente defenestrado, del administrador único y su equipo, del comité de empresa y de algunos de los despedidos. No obstante, el trabajo se basó fundamentalmente en las pruebas documentales que obtuve, como sentencias judiciales, actas notariales o datos del Registro Mercantil...". Es el procedimiento obligado en toda información sobre conflictos de intereses en los que las opiniones, y a veces hasta los datos, son dispares.

Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo electrónico (defensor@elpais.es), o telefonearle al número (91) 337 78 36.