Zedillo presenta un proyecto sobre los indígenas que todos rechazan
![Juan Jesús Aznárez](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F6c0df8bd-0ff3-4468-936e-c96fafaa26b6.png?auth=b5d935e44f236e02ca04903532080bbde3883da024a5334989732c8e86c47147&width=100&height=100&smart=true)
El proyecto de ley del Gobierno mexicano sobre la reforma constitucional en materia de derechos y culturas indígenas, anunciado en la noche del viernes por el presidente, Ernesto Zedillo, ha sido descalificado por el principal partido de la oposición, el centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que votará en contra porque se eleva a la consideración del Congreso sin haber sido consensuado con las partes implicadas en el conflicto (zapatistas).Zedillo anticipó que a esa iniciativa de ley, que establece una amplia autonomía indígena sin llegar a la autodeterminación, seguirán otras hasta la solución pacífica de la crisis de Chiapas, Estado en el que hace cuatro años se sublevó la guerrilla del subcomandante Marcos y donde otros cuatro extranjeros han sido expulsados acusados de activismo prozapatista.
El jefe de Gobierno reiteró que a pesar de las provocaciones y la intransigencia de las otras partes", el Ejecutivo no utilizará la violencia. "Se frustrarán una y otra vez quienes por tratar que sus intereses particulares ganen apoyo y legitimidad han estado buscando que el Gobierno reprima violentamente a mexicanos indígenas".
La aprobación del proyecto de ley no será fácil. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió su mayoría en la Cámara, y el PRD lo rechaza porque se presenta unilateralmente y resta autoridad a la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), instancia parlamentaria encargada de gestionar la paz.
En febrero de 1996, delegados del Ejecutivo y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) suscribieron los acuerdos de San Andrés sobre derechos indígenas. En diciembre de ese año la COCOPA redactó la versión jurídica de esos acuerdos para convertirla en proyecto de ley.
El Gobierno, sin embargo, reconsideró el alcance de lo firmado en San Andrés y presentó varias "observaciones" al texto. No pueden aceptarse, dijo Zedillo en Yucatán, "interpretaciones de éstos que atenten contra la soberanía y a unidad nacional, ni que pongan en riesgo las garantías individuales las garantías y los derechos humanos".
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