Sostiene Ardanza
EL TEXTO del plan de Ardanza para la búsqueda de un final dialogado a la violencia ha incorporado en su versión definitiva -publicada ayer- algunas respuestas a las objeciones más obvias que se plantearon hace un mes cuando se adelantaron sus líneas generales. El escrito mantiene, sin embargo, la misma lógica y el mismo modelo de negociación sobre la base de más nacionalismo. Es cierto que el texto rechaza cualquier hipótesis de negociación en la que ETA sea uno de los interlocutores, lo que objetivamente favorece una salida dialogada. Pero en lugar de mantener una actitud de firme defensa de las convicciones compartidas por la mayoría democrática, el lehendakari adopta la posición de un mediador bienintencionado y neutral. El riesgo mayor es que la iniciativa no sirva para convencer a ETA de que abandone las armas y sí, en cambio, para romper el consenso estatutario. Precisamente lo que más anhela ETA.El escrito niega que exista un déficit democrático, admite que la cuestión concierne también a las instituciones del Estado y descarta hacer tabla rasa de los 20 años de democracia constitucional. Sin embargo, la propuesta está planteada como si existiera un déficit democrático que sólo un replanteamiento del marco institucional pudiera superar, como si el único papel de las instituciones del Estado fuera convalidar lo que decidan los partidos de Euskadi y como si fuera necesario reabrir un proceso constituyente por una insuficiencia de legitimidad.
El actual marco institucional es el resultado de un acuerdo entre partidos de diferentes ideologías y ha sido refrendado durante dos décadas por toda clase de elecciones. Como ha recordado recientemente el dirigente nacionalista Joseba Arregi, la autonomía fue una reivindicación nacionalista que los no nacionalistas aceptaron en aras de la convivencia. No sería democrático sostener que la presencia de ETA demuestra la insuficiencia de ese marco. Es el pluralismo vasco, confirmado una y otra vez por las elecciones, lo que legitima las instituciones autonómicas, sin que se aprecie una demanda ciudadana mayoritaria en favor de su modificación.
Por supuesto que ETA no se conformaría con menos, pero eso no significa que haya que renunciar a las propias posiciones para adoptar las suyas. No podría hacerse ni siquiera si ello garantizase la renuncia de ETA a la violencia. Pero es altamente improbable que, tras un éxito tan sensacional de la lucha armada -conseguir cuestionar el marco político respaldado durante 20 años por la mayoría-, ETA vaya a desistir de seguir en lo mismo hasta la única victoria satisfactoria: la conquista del poder.
El texto advierte que "no contiene juicios de valor". Debería contenerlos. No se trata de la propuesta de un mediador noruego que se limita a constatar las exigencias de cada parte, como si tuvieran una legitimidad pareja, y a proponer una suerte de término medio. Al margen de su pertenencia a un partido nacionalista, la propuesta del presidente del Gobierno vasco no puede ser una neutral, sino que debe representar a las instituciones con las que se identifica la mayoría. El texto es el resultado de las consultas realizadas en los dos últimos años entre los miembros del Pacto de Ajuria Enea, pero es evidente que el resultado recuerda mucho más a las propuestas que ha venido planteando Garaikoetxea que a las de cualquier otro partido. Es incoherente pretender radicalizar el contenido nacionalista del consenso democrático cuando desde hace años se viene produciendo una progresiva reducción del peso del voto nacionalista.
La buena voluntad de Ardanza está fuera de duda, y en su texto hay elementos de reflexión interesantes. Pero resulta discutible pretender reforzar el consenso en peligro sobre la base de extremar las propuestas, sesgándolas del lado nacionalista y equivocando al mundo radical sobre lo que es posible y lo que no. Si alguna vez hay posibilidad de una salida negociada, será porque ETA comprenda que las fuerzas democráticas no aceptarán modificaciones del statu quo como resultado de la violencia. Y, más allá de las palabras, no es ése el mensaje central que se deduce de la propuesta del lehendakari.
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