La Comunidad asume en solitario la gestión del plan contra las chabolas

Madrid - 13 mar 1998 - 00:00CET

Los planes de erradicación del chabolismo en la región tendrán una sola cabeza rectora, la de la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional, del PP, ha decidido asumir en solitario la batuta del Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginada, que desde su creación, en 1986, mantenían al alimón el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Madrid, aunque con reiterados enfrentamientos."Todo lo que es compartido, al final es un lío y funciona peor", explicó ayer a Europa Press el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis Eduardo Cortés.

La muerte del consorcio es, en realidad, una reencarnación porque el viejo organismo se mantendrá, con sus 70 empleados, con otro nombre: Instituto Regional de Realojamiento e Integración Social (IRIS).

Pero, pese a detentar la responsabilidad sobre los realojamientos, la Comunidad no podrá ejecutarlos en solitario ya que para cada actuación deberá llegar a acuerdos con los municipios afectados, entre ellos el de la capital. "El Gobierno regional está por encima de los ayuntamientos, por eso hemos decidido responsabilizarnos de esta tarea, aunque luego, en cada actuación, tendrán que participar los municipios", asume Cortés. "Esta nueva forma de funcionar será más eficaz porque dará mayor capacidad de decisión a la Comunidad, que está dispuesta a invertir más dinero en el proyecto", concluye.

El primer cometido del IRIS será abordar soluciones para asentamientos como los de Boadilla del Monte, San Fernando de Henares, Pitis (Fuencarral), Pozo del Huevo (Vallecas Villa) y El Salobral (Villaverde), que han quedado fuera de los planes del consorcio. Son unas 1.137 chabolas en la capital y 500 en diversos municipios. El sucesor del consorcio se crea justo en el momento en que los compromisos adquiridos en 1986, cuando gobernaba el PSOE, están a punto de cumplirse. Sólo faltan por realojar unas 200 familias de las 2.670 a las que se les prometió vivienda. Al Gobierno regional le quedan 35, al Ayuntamiento, 186.

Entre el consorcio y su sucesor, IRIS, habrá dos diferencias importantes: el nuevo organismo tendrá un ámbito regional y no sólo en la capital, y no hará otro censo de chabolistas, como el elaborado en 1986, que dé derecho automático al realojamiento.

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Ruiz-Gallardón asegura que todos los realojamientos serán en pisos

VIENE DE LA PÁGINA 1El nuevo organismo encargado de erradicar el chabolismo nace con una idea clara: no realojar a nadie en campamentos de casas bajas o prefabricados, sólo en bloques de pisos sociales porque se considera la mejor forma de evitar la creación de guetos. Así lo aseguró ayer el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón: "El realojamiento en pisos es la única forma de conseguir la integración social de estas familias, objetivo que no se puede alcanzar en guetos, aunque estén levantados con materiales de calidad".

El IRIS continuará, asimismo, con los programas sociales y educativos del consorcio, y este año dispondrá de 750 millones de pesetas para adquirir pisos en el mercado y alquilárselos a chabolistas a precios de vivienda pública. "Además tenemos 1.400 pisos del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) en marcha, de los que una parte serán para estos planes", añade Luis Peral.

"Rechazamos crear otro censo de chabolistas porque eso supone acotar una parte del problema y hacer como que no existe lo que no está incluido en él", explica. Así, chabolistas asentados después de 1986 han quedado fuera de estos planes de vivienda aunque precisasen de ellos, mientras se ha realojado a otros censados que lo necesitaban menos.

La historia del consorcio es la de un matrimonio mal avenido. Los problemas comenzaron en sus inicios, cuando Ayuntamiento y Comunidad eran del PSOE. En 1988, su entonces director, José Luis Gómez, dimitió temporalmente por la falta de voluntad política de ambas instituciones para abordar el problema.

Tras la llegada del PP al consistorio, populares y socialistas se enzarzaron en un zancadilleo. Además, los poblados chabolistas se convirtieron en puntos de venta de droga, lo que provocó una oposición vecinal que aún dura. En 1994, con 811 familias por realojar, el Ayuntamiento, del PP, sólo aportó 74 pisos, y la Comunidad, del PSOE, 28.

En 1995, con 895 familias pendientes de piso, ambas instituciones quedaron en manos del PP, y ante su falta de acuerdo para consensuar un director del consorcio optaron por nombrar a dos.

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