El Poder Judicial indaga la recogida de historiales clínicos por un juez

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ordenado una investigación para determinar el alcance y las circunstancias en que el juez Manuel Mateos ordenó la incautación por la policía de mil historias clínicas en una clínica de Albacete autorizada para practicar abortos. Además de las "diligencias informativas" abiertas, el CGPJ ha enviado un inspector a Albacete para que indague el caso.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso exigió ayer saber qué medidas ha adoptado el Gobierno para garantizar la confidencialidad de los 1.000 historiales clínicos. Los socialistas pidieron la comparecencia urgente de los ministros de Sanidad y Consumo, José Manuel Romay, y de Justicia, Margarita Mariscal de Gante. Para la portavoz socialista de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega, los hechos son ''gravísimos", ya que vulneran el derecho a la intimidad, al honor y a la confidencialidad. ''

¿Por qué no ha actuado aún el Fiscal General del Estado?", se preguntó ayer Fernández de la Vega, quien calificó de "redada intempestiva" la actuación de la policía en la clínica Iris. Tanto para ella, como para la portavoz socialista en la comisión de Sanidad, Angeles Amador, el silencio del Gobierno ante este asunto es "desolador". El juez empezó a investigar a partir de una denuncia que partió del hospital que atendió a una mujer que había abortado en la clínica Iris.