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El Supremo pide autorización para auto actuar contra tres senadores del PP

La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo pidió ayer autorización al Senado para proceder penalmente contra tres senadores del PP por varios presuntos delitos. Se trata del senador y alcalde de Guadalajara, José María Bris, acusado de un presunto delito de coacciones; Julio Yebra-Pimentel Blanco, senador por Lugo, denunciado por el ministerio fiscal por malversación de caudales públicos y falsedad documental, y José Gutiérrez Ruiz, médico, al que se imputa una presunta negligencia en el tratamiento de una paciente.

La denuncia contra el alcalde de Guadalajara tiene su origen en las divergencias surgidas con motivo de la ejecución de unas obras comprometidas por el Ayuntamiento. La empresa contratante se comprometió a terminar las obras en tres meses; el Ayuntamiento posteriomente adjudicó a otra empresa unas obras complentarias en el mismo local. Los problemas surgieron cuando la primera empresa impidió el acceso al edificio a la nueva adjudicataria. El alcalde ordenó el cambio de cerradura de los accesos a los locales y la expulsión del vigilante de la primera adjudicataria; después puso las nuevas llaves a disposición de la segunda y requirió a la primera para que abandonase las instalaciones.

El Supremo entiende que el conflicto aparentemente se resolvió acudiendo a la vía de hecho, lo que pudiera constituir un delito de coacciones. En consecuencia, tras admitir a trámite la denuncia de la constructora Edisan, ha remitido al Senado una solicitud para proceder contra el alcalde de Guadalajara.

Viajes no efectuados

La misma sala de admisión ha solicitado autorización para proceder contra el senador del PP por Lugo Julio Yebra-Pimentel Blanco, acusado de una supuesta falsificación de facturas a una empresa de autobuses por unos viajes de un grupo escolar que no se habrían realizado. En esta ocasión, la denuncia contra el senador es del ministerio fiscal, que aprecia indicios de un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad documental de los artículos 432 y 392 del Código Penal.Con posterioridad a los hechos, el pasado 2 de enero, el ministerio fiscal remitió al Supremo un informe del inspector de policía que auxilió a la Fiscalía en las investigaciones y en el que se pone de manifiesto que el senador "ha proferido amenazas contra los titulares de la empresa de autobuses que presuntamente habían realizado unos viajes objeto de esta causa".

Respecto al senador por Toledo José Gutiérrez Rubio, médico de profesión, los hechos se remontan a una denuncia de un particular por presuntos errores y negligencias en el tratamiento de una afección sufrida por su esposa. El fiscal ápreció que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de imprudencia por lo que el Supremo acuerda también cursar un suplicatorio al Senado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 10 de marzo de 1998