Examen del futuro

POCAS COSAS hay más importantes para el futuro de nuestra sociedad que la enseñanza. En el mundo de hoy, los conocimientos adquiridos y las capacidades intelectuales y profesionales de los ciudadanos son la materia prima para la configuración de ese futuro y para paliar algunas de sus lacras más lacerantes, como es el desempleo. El debate sobre la enseñanza debería figurar permanentemente en la agenda de políticos y líderes de opinión. Lo malo es que ese debate está plagado de tópicos dudosos o prejuicios basados en datos fragmentarios o en los deseos de quien enjuicia. Resulta imprescindible la investigación empírica de la realidad, aunque al confrontar nuestras ideas con esa realidad surjan sorpresas que cuestionen visiones del mundo educativo tenidas por indiscutibles.El Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE) ha realizado un amplio trabajo de prospección que permite evaluar los conocimientos de los estudiantes de secundaria, a los 14 y a los 16 años. Con todas las limitaciones que pueda tener el trabajo, la extensión de la muestra -más de 56.000 alumnos y 3.200 profesores- y la amplitud de las cuestiones investigadas lo convierten en una de las radiografías más detalladas y solventes del estado actual de la enseñanza secundaria en España; además, permite medir el progreso de los estudiantes en cada grupo de asignaturas, establecer comparaciones entre centros privados y públicos, entre diversas comunidades autonómas e incluso entre el plan anterior y la enseñanza secundaria obligatoria (ESO).

Los resultados del estudio merecen un comentario. En contra de las numerosas advertencias sobre catástrofes escolares -muchas veces fruto de cierta demagogia sectaria más que de un conocimiento empírico-, puede concluirse que la ESO no desmerece del sistema anterior por sus resultados. No es cierto que se haya producido un desplome en el nivel de los alumnos; más bien ha ocurrido lo contrario en algunas disciplinas. Tampoco es cierto que se haya producido un deterioro imparable en la enseñanza pública. El hecho de que se sitúe ligeramente por debajo de la privada en el tramo hasta los 14 años y ligeramente por encima en el tramo hasta los 16 pone de manifiesto una básica igualdad, sin perjuicio de que deban analizarse más en detalle los datos de esa comparación.

Los profesores no están, según lo reflejado en los resultados del INCE, especialmente desmotivados por la aplicación de la LOGSE, ni la consideran un retroceso en el sistema pedagógico español. La realidad es que no discuten los principios en que se basa, que comparten. Sí que muestran su desacuerdo o su decepción con algunos aspectos de su aplicación, especialmente los que se refieren a los medios materiales, actualización pedagógica y tamaño de los grupos. En general, están motivados por su trabajo, pero reclaman, con razón, una mejor consideración social y económica. Los políticos y los medios deben tener en cuenta la significación de su tarea y fortalecer su prestigio.

No parece tampoco que haya mucho que reprochar a los valores cultivados y transmitidos en la escuela; la violencia en los centros escolares, por su parte, no parece preocupante en términos generales, aunque pueda haber brotes aislados. Resultará incluso asombrosa para muchos la buena disposición a la lectura por parte de una mayoría de los escolares encuestados.

Pero seguramente el aspecto más publicitado y que ha suscitado más resquemores es la comparación entre comunidades autónomas. Muchas de las diferencias reveladas son menores o de detalle, pero hay tendencias apoyadas en la coincidencia de muchos indicadores que no pueden ser causales. Está claro que empiezan a dibujarse diferencias entre autonomías que merecen ser estudiadas y deficiencias que han de ser corregidas, ahora que todavía estamos en la fase inicial de la reforma.

Algunas de las motivaciones adelantadas para explicar esas diferencias, tales como el bilingüismo o la población inmigrante, son prematuras. Es necesario realizar un análisis de mayor profundidad antes de establecer una relación causal entre determinadas peculiaridades sociales y los resultados escolares obtenidos. El traspaso de competencias educativas a las comunidades autónomas permite cierta deriva de unas respecto a otras. Las competencias no se agotan en la reivindicación frente al Gobierno central; implican también responsabilidades. Las comunidades autónomas tienen en su mano la posibilidad de mejorar prestaciones que anteriormente eran homogéneas en todo el Estado, pero también pueden dañarlas por falta de atención, de medios o con políticas equivocadas. Sería decepcionante que los responsables autonómicos miraran a otra parte o buscaran pretextos en lugar de reflexionar con honradez sobre las posibles carencias de su gestión educativa.