Detenida una mujer por contratar a dos sicarios que mataron a su marido

La Guardia Civil ha detenido en La Seu d'Urgell (Lleida) a Carmen Badía Lachos, acusada de haber contratado a dos personas para que asesinaran el 9 de octubre a su ex marido, el propietario de un cámping y de un restaurante en el complejo Port de Ardaix, en la localidad de Pont de Bar. También ha sido arrestado un presunto contrabandista.

El día de los hechos, según la Guardia Civil, dos encapuchados irrumpieron violentamente en el restaurante de Josep Campi, de 42 años, y tras exigirle el dinero de la caja le apuñalaron por la espalda y ya en el suelo le remataron con seis tiros. Los criminales, antes de huir, también intentaron matar a su hermana Carme Campi, de 44 años, que resultó herida de bala en el hombro y en la cara; y a su madre María Jordana, de 72 años. Ambas pudieron salvarse porque a los asaltantes se les acabó la munición. La acción se simuló como si se tratara de un atraco, pero la Guardia Civil barajó desde el primer momento la hipótesis de un asesinato por encargo. Cinco meses han tardado los investigadores en reunir pruebas para inculpar a Carmen Badía, una mujer con numerosos antecedentes policiales, que siempre ha negado cualquier relación con la muerte de su ex marido, del que se había separado un mes antes. De las cinco personas detenidas un mes más tarde, sólo está en prisión José Antonio García Justo, vecino de La Seu, identificado por la hermana de la víctima como uno de los presuntos autores materiales del crimen. El otro, también identificado, aún no ha sido localizado. La Guardia Civil cree que Badía fue la persona que contrató a dos personas para que acabaran con la vida del hostelero, porque esperaba heredar a través de una hija de seis meses de ambos. Junto a la mujer ha sido detenido su amigo Josep Bolló, vecino de una localidad próxima a La Seu y con antecedentes por contrabando de tabaco, quien le dio el dinero -unos 5 millones de pesetas- recibido por los sicarios. El matrimonio de Josep Campi y la detenida apenas duró cinco meses. La madre del empresario fallecido acudió al juez para probar que su hijo no es el padre biológico de su nieta, única heredera de un patrimonio valorado en cerca de 100 millones de pesetas. Aún está pendiente una prueba de ADN para demostrar la paternidad de la víctima.