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EE UU presiona a la industria telefónica para que facilite los 'pinchazos' en la era digital

El Departamento de Justicia de Estados Unidos trata de forzar a las grandes empresas de telecomunicaciones a modificar los sistemas digitales empleados en la actualidad para poder permitir la intercepción de llamadas cuando se persigue un delito. La fiscal general del Estado, Janet Reno, y los responsables de esas empresas están sumidos en una batalla legal en la que no se discute tanto sobre el derecho a la intimidad, en un país en el que los pinchazos son habituales, como sobre el pago de los gastos que se deriven de esas modificaciones en las líneas digitales.

Tres años después del comienzo de las negociaciones, el Departamento de Justicia amenazó el jueves con aprobar una normativa que obligue a las compañías de telecomunicaciones a instalar los equipos o el software necesario para permitir los pinchazos policiales en líneas digitales.Janet Reno, que ha mantenido negociaciones con las compañías en los últimos días, insiste en que el Gobierno sólo quiere garantizar la persecución de los delitos en la era digital, pero la justicia y el sector no se ponen de acuerdo sobre quién debe correr con los gastos. Si no hay un acuerdo en los próximos días, Reno acudirá el 13 de marzo a la Comisión Federal de Comuniaciones (el organismo administrativo que regula las telecomunicaciones en EE UU) para solicitar formalmente el establecimiento de nuevos requisitos para los operadores de compañías telefónicas: será necesario que todas -incluidas las estrictamente digitales- permitan la intercepción de conversaciones por parte de la policía y el FBI.

"Lamentablemente, si nos vemos obligados a dar ese paso", declaró el jueves Reno, emplearemos todos los mecanismos legales posibles". Tanto su departamento como los directivos de las empresas de telecomunicaciones saben que el asunto llegará a los tribunales, si no se firma antes un acuerdo.

Janet Reno y el director del FBI, Louis Freeh, han repetido insistentemente que el gran reto en la lucha contra el crimen en las puertas del siglo XXI es sin duda la evolución vertiginosa de las tecnologías de la comunicación. Después de la última reunión con el sector, Reno y Frech evitaron responder a las preguntas sobre los límites que se marcarán en la intercepción de llamadas telefónicas.

Las empresas acusan al Departamento de Justicia de exigir condiciones técnicamente complicadas y económicamente muy caras. El FBI no desea tan sólo poder llevar a cabo el pinchazo convencional; por ejemplo, quiere también tener la posibilidad de hacer un seguimiento de las llamadas en multiconferencia. De esa forma, si una persona participa en una conversación con dos o más interlocutores, el FBI podría seguir escuchando la conversación incluso después de que el usuario del teléfono pinchado haya colgado.

Los responsables de las grandes compañías de telecomunicaciones se resisten a aceptar que la disputa gire sólo en torno a los costes en que se incurrirá por las modificaciones que pide la justicia. "Es un error decir que esto es tan sólo un asunto de dinero'' dice Thomas E. Wheeler, presidente de la Asociación de Empresas de Telefonía Móvil y represen tante en la negociación. "También estamos hablando", asegura Wheeler, "de un intento por parte del FBI de usar esta situación para expandir su capacidad de llevar a cabo un seguimiento electrónico del individuo". En esa queja se centran también las críticas de las aso ciaciones que ven en el conflicto una limitación del derecho a la intimidad.

El FBI y los distintos cuerpos policiales se han visto desbordados en los últimos años por la inaccesibilidad de las nuevas líneas telefónicas digitales empleadas en la telefonía móvil; de hecho esa privacidad garantizada. es uno de sus reclamos publicitarios. Hasta ahora, las viejas líneas telefónicas permitían un fácil pinchazo sacando una simple derivación a partir de los dos cables de cobre que terminan en el teléfono. Sin embargo, las líneas digitales usan sistemas variables de codificación basados en complejos algoritmos que hacen prácticamente imposible la intervención. El FBI también sabe que este tipo de líneas transportan no sólo llamadas: también datos, páginas, fotos, textos y archivos que dificultan aún más el trabajo de seguimiento policial. El Congreso aprobó en 1994 un paquete de ayudas a las empresas de telecomunicación (75.000 millones de pesetas) que las compañías debían gastar en la implantación de tecnologías que facilitaran las escuchas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 28 de febrero de 1998

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