Condena de cuatro meses a un parado que envió una bomba falsa a su empresa

La desesperación de verse parado y sin medios económicos para mantener a su familia llevó en 1996 a F. L. G., de 50 años, a cometer una locura. El hombre cayó en una terrible depresión al recibir la noticia de su despido laboral, y terminó cayéndosele encima el mundo cuando, la pasada Navidad, la Audiencia de Madrid le citó para ser enjuiciado por un delito de amenazas.F. L. G. eludió tener que sentarse en el banquillo ante un jurado popular: confesó la autoría del delito y aceptó los cuatro meses y un día de cárcel que pactó su abogada, Pilar Martínez Barellas, con el fiscal del caso. Su acción: enviar a su empresa un paquete fingiendo que era una bomba y adjuntar a él una falsa carta de ETA en la que banda criminal advertía a la empresa -dedicada a la construcción- que debía readmitir de inmediato a cinco trabajadores que acababan de ser despedidos. Lógicamente, su nombre figuraba entre los cinco operarios que debían ser readmitidos de inmediato.

La Audiencia de Madrid declara probados en la sentencia los siguientes hechos: "En los primeros días de 1996, el acusado remitió a la sede de su empresa un paquete" en cuyo interior "había plastilina, cables, una pila eléctrica y un reloj. Y, además, una carta en la que, en nombre de la banda terrorista ETA, exigía el reintegro en la empresa de cinco trabajadores, entre los que se contaba el acusado". Con la amenaza de que, si no se hacía así, ETA mataría a un directivo de la industria, en concreto al responsable de personal. Fuentes de la empresa indicaron ayer que Felipe dejó de trabajar allí, "simplemente, porque concluyó su contrato".

El acusado llegó al juicio muy "asustado y arrepentido", recuerda Martínez Barellas, la abogada del turno de oficio a la que correspondió su defensa. "Estaba tan desesperado por su situación que nunca fue consciente de la gravedad del delito que había cometido", agregó la letrada. Al aceptar los cuatro meses de cárcel, evitó que los nueve miembros del jurado llamados por el tribunal tuvieran que emitir un veredicto sobre su culpabilidad o inocencia. No obstante, Felipe G. L. no tendrá que ir a la cárcel, pues carece de antecedentes penales.