Irán reitera en Moscú que no posee ni platea tener armas de destrucción masiva

Irán no tiene ni planea adquirir armas de destrucción masiva. Esta afirmación, efectuada ayer en Moscú por el ministro de Exteriores iraní, Kaml Jarrazi, fue considerada ayer por su homólogo ruso, Yevgueni Primakov, como de "importancia crucial". Era exactamente lo que Rusia necesitaba para justificar su decisión de seguir adelante con sus planes de venta de armas, de explotación de un enorme yacimiento de gas y de construcción de una central nuclear. Todos estos proyectos son contemplados con irritación, cuando no con cólera, por EE UU.

Puede que Rusia no sea ya la superpotencia que durante casi medio siglo plantó cara a EE UU, pero tampoco está dispuesta a que su política exterior se dicte desde Washington, sobre todo cuando hay negocios de por medio.

Fuentes citadas por la agencia Interfax aseguraron ayer que Rusia podría revisar su promesa de no suscribir nuevos contratos de suministro de armas a Irán si EE UU ataca a Irak pese al acuerdo alcanzado en Bagdad por el secretario general de la ONU, Kofi Annan. La Operación Trueno del Desierto parece ya casi imposible pero, en cualquier caso, Moscú tiene intención de cumplir los contratos existentes con Irán, aunque sólo sea porque, como señalaron los mismos medios, "es un país solvente que paga con dinero o con petróleo".

No está del todo claro si estos compromisos incluyen la venta, en la que Teherán está muy interesada, de helicópteros de última generación y navíos capaces de transportar misiles mar-mar.

Con ocasión de la visita de Jarrazi, Rusia ha vuelto a dejar claro que seguirá adelante con los dos proyectos de cooperación con Irán que más enfurecen a EE UU. Primero, con la construcción de la central nuclear de Bushehr, un contrato de más de 120.000 millones de pesetas y, según Washington, embrión de la fuerza atómica iraní.

Moscú tiene un argumento de peso: que Teherán se somete sin restricciones a los controles del Organismo Internacional de la Energía Atómica.

En cuanto al yacimiento de gas, en colaboración con la compañía francesa Total y la malaisia Petronás, ninguno de los tres socios está dispuesto a renunciar a un negocio de más de 300.000 millones de pesetas por cumplir con una política que no es la suya y que no comparten.

Jarrazi y Primakov mostraron el interés común en resolver cuanto antes, para "evitar el caos", el problema del estatuto legal del mar Caspio, una balsa de petróleo y gas que comparten con Turknienistán, Azerbaiyán y Kazajstán.