Contraataque de Telefónica y Antena 3 tras la suspensión judicial de la venta de la cadena

La Compañía Telefónica, Antena 3 y el Ministerio de Fomento anunciaron ayer recursos inmediatos contra la suspensión cautelar de la compra del 25% de Antena 3 por Telefónica, decidida el martes por un tribunal de la Audiencia Nacional. "En desacuerdo total" con esa suspensión, Telefónica comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) -la autoridad bursátil española- que el auto judicial está "claramente no ajustado a derecho" y entiende que la interposición de recursos suspende los efecos de esa decisión judicial, por lo que "se mantendrá en su integridad la situación actual de titularidad y gestión de Antena 3 Televisión". Lo mismo dijo el presidente de esta cadena, José María Mas.

La catarata de reacciones se debe no sólo a la suspensión de la autorización administrativa para la compra-venta, sino a sus consecuencias empresariales, puesto que también queda en suspenso la transmisión de las acciones. Juristas consultados daban ayer interpretaciones diversas a cómo afecta esto a los actos ulteriores de la cadena, que ha sido objeto de un pacto entre Telefónica y la compañía Recoletos -esta última controlada por el grupo británico-Pearson.La suspensión cautelar no prejuzga el fondo del asunto planteado por el Grupo PRISA en su recurso, que consiste en determinar si se cumple la ley que prohíbe a un accionista tener más del 25% de una televisión privada y participar, directa o indirectamente, en más de una de ellas. Dos bancos, BBV y Cajamadrid, accionistas de Sogecable, lo son también de Telefónica; y por lo tanto, ambos están presentes en dos televisiones.

"Agresión"

El presidente de Antena 3, José María Mas, compareció ante la audiencia de su cadena a las 9 de la noche para afirmar que "el clima que se respira en esta casa es de absoluta tranquilidad y normalidad, y la verdad es que no podía ser de otra manera, porque la incorporación de Telefónica, en unión con el Banco de Santander y el BCH al accionariado de Antena 3 Televisión, se hizo respetando escrupulosamente la legislación vigente, motivo por el cual no nos preocupa lo más mínimo la resolución dictada por la Audiencia Nacional"."Lamento", agregó el presidente de Antena 3, "que desde distintos ámbitos, y por razones que desconozco aunque no se me escapan, se esté atacando sistemáticamente a una cadena de televisión en la que trabajamos 1.500 profesionales con el único, exclusivo y precioso objetivo de hacer más agradable la vida a nuestros telespectadores".

Mas aseguró que la entrada de Telefónica, Banco Santander y BCH en Antena 3 "obedece a un proyecto netamente empresarial. Por eso mismo, esta casa no puede mantenerse impasible ante una resolución judicial con semejante carga desestabilizadora para la compañía". Por eso recurre contra la suspensión -"lo que provocará de por sí la suspensión de la eficacia de la misma"- y encarga otras acciones al penalista Gonzalo Rodríguez Mourullo.

Aunque el presidente de Antena 3 no lo mencionó específicamente, una nota oficial de su cadena precisa que se estudian acciones penales contra los jueces que han dictado la suspensión de la compra-venta. La nota alude a uno de dichos jueces, Margarita Robles, a quien describe como ex subsecretaria de Estado y secretaria de Estado en el Ministerio de Justicia e Interior, en la anterior Administración del Gobierno Socialista". El auto le parece a Antena 3 una "auténtica agresión al ordenamiento jurídico".

Frente a las manifestaciones de Telefónica y de Antena 3, en el sentido de que la interposición de recursos deja sin efecto la suspensión de la venta del 25 % de Antena 3 a Telefónica, el asesor jurídico del Grupo PRISA, Santiago Martínez Lage, señaló que eso desvirtuaría "el sistema de protección cautelar que establece nuestro ordenamiento jurídico" y que ningún autor defiende que "el recurso de súplica tenga eficacia suspensiva" frente a la suspensión cautelar.

Otras fuentes jurídicas recuerdan, entre otros ejemplos, uno de 1993. Cuando el Tribunal de Defensa de la Competencia declaró concluidos los contratos sobre las transmisiones futbolísticas, la Liga de Fútbol recurrió tal acuerdo y la Audiencia Nacional lo suspendió cautelarmente. Tele 5 recurrió, pero esto no paralizó la suspensión cautelar acordada judicialmente.

Por su parte, el abogado y alto cargo de Tele 5, Santiago Muñoz Machado, opinó que el problema es la "inconstitucionalidad" de la ley que fija topes accionariales a la propiedad de las televisiones privadas; cuestión que, al no haberse resuelto, ha convertido en peligroso situarse, en estos tiempos, al frente de una empresa televisiva.

Lo que hizo Fomento

El ministro de Fomento, Rafael Arias- Salgado, se mostró discreto ante la insistencia de los periodistas que le pidieron valoraciones de lo ocurrido. Sólo dijo que el recurso de su departamento contra la decisión judicial será presentado en 24 ó 48 horas.Más explícito que el ministro se mostró su segundo, José Manuel Villar -secretario general de Comunicaciones-, quien, en declaraciones a Radio Nacional de España y a la Cadena SER, aseguró que su departamento sí había comprobado las participaciones que tenía Telefónica en otros canales de televisión. También dijo que, una vez autorizada la compra-venta, se abrió otro expediente para un pacto de sindicación entre Telefónica y otros accionistas de Antena 3, pero se cerró sin que se hubiera efectuado.

Villar lamenta que "el Estado" haya tenido conocimiento del auto después que los medios de comunicación; cree que el tribunal que ha suspendido la compra-venta debería haber solicitado información previa al registro; y añade que si la Audiencia pretendía suspender cautelarmente la operación, debería haber oído antes a todas las partes afectadas por el problema planteado en su momento ante los tribunales. "La resolución creo que se ha dictado no rápidamente, pero sí precipitadamente", afirmó.