Suspenso a Fomento

LA SUSPENSIÓN cautelar de la adquisición de un 25% de las acciones de Antena 3 Televisión por Telefónica, mediante un auto dictado ayer por la Audiencia Nacional, ha puesto en evidencia de nuevo al Ministerio de Fomento, cuyo respeto a la legalidad es altamente dudoso. Ayer mismo lo puso de manifiesto al juzgar "improcedente y poco rigurosa" la decisión judicial. Conviene recordar que el propósito de esta operación era crear un grupo multimedia afín al Gobierno del PP, con el dinero de un monopolio recién privatizado y presidido por un gestor cuyo principal valor de mercado era ser amigo de José María Aznar. El irreprimible apoyo de Fomento ha acabado perjudicando a sus teóricos beneficiarios. Éstos se enfrentan ahora a una situación jurídicamente complicada, ya que la suspensión no se limita al acto de compra de la cadena, sino a todas las actuaciones posteriores derivadas del mismo. ¿Qué pensarán los accionistas de Telefónica, su núcleo duro, y los trabajadores de Antena 3, del favor que les hizo Arias-Salgado, ese ministro. que cada vez que toma una decisión genera un pleito?La Administración ha de tener por definición cuidado extremo en las formas a fin de evitar la arbitrariedad y su apariencia. En el otorgamiento de la autorización para la compra de Antena 3 resultó llamativo el cúmulo de irregularidades, la vulneración de los procedimientos y la injustificada precipitación. Fomento dio su autorización previa a la compra de estasacciones antes de cerrarse la operación y cuando no podía conocer siquiera la composición final de los nuevos accionistas de la cadena de televisión, cuyos títulos, por ley, han de ser nominativos. El auto de la Audiencia Nacional habla de "inusual rapidez, pese a no apreciarse ningún tipo de urgencia".

Pero también pone: de relieve que, pese a las dudas legales, Fomento no verificó, ni siquiera mínimamente, si los nuevos accionistas cumplían la Ley de las Televisiones Privadas en lo que se refiere a la prohibición de poseer más de un 25% del capital de una cadena de televisión terrestre o ser titular directo o indirecto de acciones en más de una sociedad concesionaria, a pesar de que el ministerio sabía -pues es de dominio público- que dos bancos eran accionistas de Sogecable (Canal +) y a la vez de Telefónica.

Ésas fueron las razones principales para el recurso interpuesto por el Grupo PRISA, en cuanto empresa gestora de Canal +, ante la autorización de la venta, recurso que la Audiencia ha atendido en principio. Ahora se entienden los sudores de Arias-Salgado para justificar, en su comparecencia parlamentaria del pasado miércoles, la legalidad de la actuación de su ministerio. Todo el aparato jurídico y administrativo desplegado no, disimula el hecho central de que era el, Gobierno el que estaba fomentando la operación. Con el claro objetivo, jaleado por sus valedores mediáticos, de favorecer la creación de ese grupo multimedia afín al PP: arbitrismo e intervencionismo.

El vicepresidente del Gobierno Álvarez Cascos, verdadero factótum de esos dos conceptos aplicados a los medios -y, por tanto, jefe natural de Arias-Salgado-, atribuía ayer todo el problema a un hipotético descuido administrativo de Fomento, que ha anunciado un recurso ante el Tribunal Supremo. Pero las urgencias y las irregularidades están dictadas por la política, no por una burocracia deficiente.

El auto de la Audiencia Nacional no entra en el fondo, sino en la forma de la autorización de la compra por Telefónica de esas acciones de Antena 3 Televisión. No anula la compra, pero sí suspende los efectos de la autorización de la misma, con consecuencias insospechadas, pues Telefónica no puede actuar como accionista de Antena 3 Televisión hasta que la sala se pronuncie sobre el fondo del asunto ni, por tanto, ejercer derechos políticos o económicos. En medio han quedado en entredicho otros accionistas tan significados y reputados de Antena 3 Televisión como el Banco Santander, el Banco Central Hispano o, indirectamente, el grupo Pearson. Es verdad, como señala el voto particular contrario al auto de la Audiencia, que éste puede causar daños a Telefónica; incluso a Antena 3. Pero sería peor que por evitar estos daños se conculcara el Estado de derecho.

El intervencionismo del Gobierno en los medios de comunicación quedó ayer de manifiesto otra vez, y ahora hasta el ridículo. El puñado de decisiones equivocadas de Fomento, frente al sector y ante Bruselas, tiene pocos precedentes. El Ejecutivo ha sembrado de piedras el panorama audiovisual español, incluso para sus amigos. Así le están saliendo las cosas. Y sin embargo, a pesar de todos los impedimentos, la oferta de televisión avanza. Eppur si muove.