Belloch implica en la trama a Álvarez Cascos y a Mario Conde
El ex ministro socialista Juan Alberto Belloch aseguró ayer en los pasillos del Congreso que "la trama de un grupo de periodistas" para desalojar de La Moncloa a Felipe González, revelada por Luis María Anson, "estaba conectada con Mario Conde y con el PP a través de Francisco Álvarez Cascos", actual vicepresidente del Gobierno, "que actuaba con conocimiento" de José María Aznar, ahora jefe del Ejecutivo.
Para Belloch, no hay duda de que Álvarez Cascos "concertaba las estrategias con Pedro J. Ramírez [director de El Mundo], pero no actuaba por su cuenta, sino en nombre de Aznar, porque Cascos es el secretario general del PP y es impensable que el presidente no sepa lo que hace el secretario general". "En la trama", añadió, "no había un jefe, sino que cada uno aportaba lo que tenía. Mario Conde aportaba dinero; otros, editoriales; y otros, los temas en el Congreso de los Diputados. El objetivo era común: acabar con Felipe González. Y todos tenían intereses distintos: unos, librarse de la cárcel; otros, ganar oyentes; y otros, ganar las elecciones".Para Belloch, "afortunadamente la trama de la conspiración era civil y no contaba con tanques", porque de otra forma "los hubieran utilizado". El diputado socialista insistió en que "tarde o temprano sabremos con detalle en qué nivel participó Cascos" y que "ese tipo de operaciones fueron financiadas por Conde".
Alfonso Guerra, vicepresidente con Felipe González, no dudó tampoco en afirmar que las declaraciones de Ansón son importantes porque, en su opinión, revelan que si el PSOE hubiera ganado las elecciones en 1996, "los antidemócratas que se reunían para violentar el proceso normal de la democracia hubieran intentado un golpe de Estado". "Eso", insistió Guerra, "tiene un nombre en Derecho Político y Constitucional: se llama golpe de Estado".
Mucho más moderado se mostró el portavoz parlamentario del Grupo Socialista, Juan Manuel Eguiagaray. Pese a manifestar que su partido no descarta emprender ninguna acción "ni parlamentaria ni judicial", Eguiagaray explicó que 11 el Grupo Socialista no va a tomar una decisión sólo por el primer aire que sople por la mañana. Hay que esperar porque el debate exige más claridad".
Las iniciativas parlamentarias, advirtió, no deben compartirse en un juego "para hacer más ruido. Es bueno que pensemos cómo hacer las cosas". El planteamiento de los socialistas es que en próximas fechas podría haber más novedades. "Espero que todos los días vayamos sabiendo un poquito más, después de que los que participaron en la operación han confirmado la veracidad de los objetivos que pretendían", dijo Eguiagaray.
CiU terció desde el Senado por boca del vicepresidente primero de la Cámara, Joan Rigol, que dijo que antes eran los militares los que querían decidir por todo el país y ahora ha sido un grupo de periodistas quien se ha propuesto este objetivo. Desde el Congreso, su compañero Josep López de Lerma afirmó que lo denunciado por Ansón "son hechos graves que causan indignación", y se mostró convencido de que, como lo que está en la calle acaba por estar en el Parlamento, de una forma u otra este escándalo llegará al Congreso.
El Colegio de Periodistas de Cataluña se sumó a la denuncia. "La finalidad de los medios de comunicación y de los periodistas que trabajan en ellos no es", dice su comunicado, "la de participar en conspiraciones para hacer caer gobiernos o regímenes legítimamente votados por el pueblo. Actitudes como éstas atentan contra los más importantes principios deontológicos de la profesión periodística".
El presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Jesús de la Serna, manifestó igualmente su "preocupación" por la existencia de la trama. "Los periodistas no están para hacer campanas de acoso y derribo", dijo en el Senado. El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, por contra, centró sus ataques en Ansón, al que tachó de "persona deleznable" y "ser inmoral". Arzalluz declaró en Vitoria su "desprecio" por este escándalo. Una opinión similar a la del líder de IU, Julio Anguita, que se limitó a calificar el asunto de "chismes de la Corte y Villa".
