Pactar el último pacto

En el desarrollo del Estado de las autonomías debemos considerar al menos tres elementos. De una parte el más visible, la presión de los nacionalismos por una ampliación de sus competencias. En segundo lugar, el escenario electoral español que desde 1993 impide la formación de mayorías sin contar con el apoyo de CiU. Y en tercer lugar, lo menos visible, la propia lógica social en que ha derivado el sistema jurídico-constitucional. Este es, con mucho, el más importante.Efectivamente, al menos dos de las tres comunidades históricas sostienen -no sin buenos argumentos- que ellas son distintas a las demás comunidades autónomas y que así lo quería la Constitución al diferenciar dos tipos, las históricas del artículo 151 y las normales del 143. La distinción se desdibujó sin embargo al aparecer las "nuevas" históricas que sostienen -con pocos argumentos- que ellas son iguales a las históricas. Por supuesto las del 143 sostienen -de nuevo con sólidos argumentos- que ellas son idénticas a las nuevas históricas. Y así cuando las primeras dan un paso, las segundas tienen que seguirlas y las terceras siguen a las segundas. Lo que lleva a las primeras, para diferenciarse, a dar otro paso adelante, que será seguido por todas las demás.

Se comprende pues que los nacionalismos históricos repitan una y otra vez que no pueden poner límites a sus reclamaciones de mayor competencia. No es sólo una exigencia ideológica, que lo es; forma parte del propio juego. Y así se explica que Pujol haya declarado que la Constitución es "insuficiente" o que el PNV diga que es "desleal" a la Constitución. Pero que un partido de Gobierno se niegue a poner límites a sus demandas de mayor competencia es tanto como decir que su programa está más allá de la Constitución, por mucho que formule su proyecto de manera pragmática y gradual. Y con esos partidos estamos gobernando y con esos partidos estamos construyendo (sic) el Estado de las autonomías. De modo que si la cabeza del pelotón de pedigüeños formada por los nacionalismos catalán y vasco no está (ideológicamente) dispuesta a frenar pero tampoco puede (constitucionalmente) igualarse con la cola, la constante ampliación de sus competencias seguirá hasta la pura y simple desmembración del Estado español.

Se dirá que este camino debería tener, al menos formalmente, un límite: la distribución de competencias que establece la propia Constitución. Pero juristas tiene la Iglesia y agotado el viejo filón se han descubierto otros más sustanciosos. De una parte el nacionalismo vasco acude a la adicional primera que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, vía por la cual se saldría, pura y llanamente, del marco constitucional. De otra, el nacionalismo catalán, que no dispone de ese camino, ha encontrado el del 105.2, por el cual el Estado puede transferir facultades correspondientes a materias de titularidad estatal.

Todo ello es más que desaconsejable. Pues es abrir la espita para saltarse la Constitución por vía constitucional. Pues si abrimos la adicional primera para los vascos, los catalanes pedirán otro tanto por vía del 150.2, y tras ellos los andaluces y así, recorriendo la cadena, hasta los madrileños y, al final, todos estaremos en la adicional y/o el 150.2 y nadie en el 143 o en el 151. Reitero, esto es saltarse la Constitución por vía constitucional. Por supuesto, la llave la tiene al árbitro del juego, el Estado central. Y creo, simple y llanamente, que es muy peligroso seguir transfiriendo o pactando transferencias sin que sepamos todos con claridad a dónde vamos y cuál es la situación o estado final, sin cerrar pues el Estado de las autonomías. Hemos drenado el pozo de competencias transferibles y empezamos a buscar las vueltas, para seguir avanzando más allá, no del espíritu o del buen sentido de la Constitución, sino incluso de su misma letra. Es imprescindible un pacto de Estado de los dos principales partidos que cierre definitivamente el Estado de las autonomías, acuerdo que debería negociarse más tarde con los nacionalistas. Mientras tanto podría. ser conveniente cerrar el grifo de las transferencias. Sólo se debería pactar el último pacto.