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Reportaje:

Final feliz para un secuestro italiano

Liberado un industrial cerca de Brescia tras pagar un rescate de 450 millones de pesetas

La pesadilla de un encierro que se ha prolongado durante casi ocho meses terminó el lunes, al filo de las nueve de la noche, para Giuseppe Soffiantini, un industrial de 62 años secuestrado en su domicilio cerca de Brescia -norte de Italia- por una banda sarda en junio pasado. Visiblemente desmejorado, con ambas orejas mutiladas, mal vestido y asustado, Soffiantini fue liberado por sus secuestradores en una carretera próxima a Florencia, casi una semana después de recoger el rescate pagado por su familia: 450 millones de pesetas en dólares. Se cerraba así un secuestro que ha mantenido en vilo a la opinión pública italiana, especialmente desde octubre pasado, cuando fracasó una operación de la policía para liberar al industrial.Pero si la familia Soffiantini vuelve a respirar tranquila tras ocho meses de zozobra, en los que los secuestradores amputaron a su víctima parte de sus dos orejas, la polémica suscitada en Italia por el secuestro del empresario de Brescia y los de decenas de otras víctimas está lejos de aplacarse. La razón es bien sencilla. Pese a la apasionada defensa hecha por el Gobierno de la legislación actual que prohíbe a las familias de los secuestrados el pago de rescate -e incluso autoriza el bloqueo de las cuentas bancarias para impedirlo-, es sabido que la familia Soffiantini ha pagado, y lo ha hecho con la autorización gubernamental. Como pagó el ingeniero sardo Tito Melis para lograr hace tres meses la liberación de su hija Silvia, de 28 años. El final feliz de dos largos secuestros -ocho meses en el primer caso, nueve en el segundo- encierra, sin embargo, una moraleja amarga: la inexorable necesidad del pago del rescate.

La resolución del tortuoso caso Soffiantini viene así a subvertir la ley italiana de 1991, aunque nadie lo reconozca. Una ley aprobada en 1991 para cortar el flujo de fondos e impedir que el secuestro siguiera siendo un delito lucrativo en Italia. Entre 1969 y 1998, las bandas sardas y calabresas que "gestionan" el negocio secuestraron a 691 personas en el país. La intención de los legisladores a comienzos de los años noventa no era otra que evitar que tan horrendo delito fuese algo lucrativo.

Pero el caso Soffiantini ha sido una prueba demasiado dura para la ley. Se trataba de un hombre enfermo, un influyente empresario de Brescia cuya vida apareció seriamente en peligro cuando el 17 de octubre pasado fracasó estrepitosamente la operación de rescate llevada a cabo por un cuerpo de élite de los carabineros. Un inspector de 34 años, Samuele Donatoni, murió en el ataque, que no dio los frutos esperados.

"La vida humana es lo primero", declaraba el ministro del Interior, Giorgio Napolitano, al enterarse de la liberación del secuestrado, mientras los diarios italianos revelaban que la orden de pagar había procedido de la magistratura de Brescia, la misma que abortó una operación similar a cargo de la familia del industrial secuestrado.

La tesis de Napolitano es que la ley es flexible y no rígida, por lo que permite el "pago controlado", sobre todo una vez que se han mostrado infructuosas otras vías. Por ejemplo, la policial. Pero si bien la liberación de Soffíantini ha llegado por la vía negociadora, la policía ha logrado detener a una parte de la banda que lo ha mantenido encerrado durante ocho meses en cinco diferentes escondites, siempre encadenado. Está integrada, al parecer, por una veintena de delincuentes, la mayoría pertenecientes a clanes semimaflosos de Cerdeña y de Reggio Calabria, muchos de ellos con años de cárcel a la espalda y hasta con órdenes de busca y captura. La tesis policial es que una parte de la banda, dirigida por un famoso "especialista" del secuestro, Giovanni Farina, puede estar aún en Toscana, no demasiado lejos del lugar donde Giuseppe Soffiantini fue liberado la no che del lunes 9 de febrero.

De ser así, las fuerzas del orden son optimistas sobre la posibilidad de detener aún al grueso de los implicados y recuperar el botín abonado. Una operación que pondría un colofón de lujo a la dudosa moraleja del caso Soffiantini.

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