Gobierno vasco intenta que Mayor Oreja retire la contravigilancia en una semana

El lehendakari José Antonio Ardanza fue sensible a las demandas de los socialistas y del consejero de Interior, Juan María Atutxa, y encauzó hacia el diálogo con el ministro del Interior el conflicto suscitado por el dispositivo de contravigilancia que realiza el Cuerpo Nacional de Policía para proteger a los cargos electos del PP ante posibles atentados de ETA. El Ejecutivo de Vitoria ha encomendado a Atutxa que en el plazo de una semana consiga que el ministro Jaime Mayor Oreja "restaure la legalidad" y desmonte la Operación Filtro iniciada por la Jefatura Superior de Policía de Bilbao el mes pasado.

A pesar de la crispación que ha generado la "invasión de competencias reiterada", según la portavoz del Gobierno, Mari Carmen Garmendia, Juan María Atutxa dispone de una semana -hasta la próxima reunión del Ejecutivo vasco- para lograr que Mayor Oreja "restaure la legalidad" y retire la operación de contravigilancias que realiza el Cuerpo Nacional de Policía.Después de 10 días de intenso debate, el Gobierno vasco rebajó ayer el nivel de crispación y facultó al consejero Atutxa para que agote todas las vías de diálogo antes de llegar a una decisión tan extrema como el conflicto de competencias. "Nos gustaría que en el Consejo de Gobierno del próximo martes tengamos una situación solucionada", declaró la portavoz de Gobierno. El Ejecutivo de Vitoria no llegó siquiera a mencionar como una de las posibles vías de encuentro la Junta de Seguridad, -órgano paritario formado por la Administración central y la autononómica para coordinar las actuaciones policiales- y encargó a Atutxa que consiga a través del diálogo que se "restaure la legalidad y una situación que nunca debió producirse".

La portavoz del Gobierno no concretó, sin embargo, cual será la reacción del Gobierno vasco si la situación no se ha modificado el próximo martes. Tampoco respondió sobre si la resolución adoptada supone un acuerdo de mínimos entre sus socios de Gobierno, ya que Eusko Alkartasuna planteó que la base del enfrentamiento es una invasión competencial. "El Gobierno sigue exigiendo la retirada de la contravigilancia", proclamó Garmendia, "pero vamos a esperar a las gestiones del consejero de Interior".

Seguridad del PP

El secretario general del PP, Carmelo Barrio no cree que el Ministerio del Interior esté invadiendo competencias de la Ertzaintza, sino que se trata única y exclusivamente de un intento por "profundizar" en la seguridad de los cargos electos del PP. Para Barrio, el único interés se centra en proteger a los cargos electos, "y los esfuerzos que se hacen son con el único fin de garantizar y preservar su seguridad".La Mesa del Congreso admitió ayer la petición formulada por el PNV para que el ministro comparezca en el Parlamento y de explicaciones sobre la Operación Filtro cuando lo determine la mesa de la Comisión de Justicia e Interior.

Iñaki Anasagasti, portavoz del grupo vasco, anunció que éste "no irá con teas ni con un tambor" a esa comparecencia, pero que "el ministro ha hecho una serie de manifestaciones en el vacío por las que debe dar explicaciones". Anasagasti considera que en tomo a la Ertzaintza hay "muchos recelos, sospechas, cortapisas y rnucho poner palos en la rueda". "Si aquí empezamos a invadir competencias unos a otros, esto es la ley de la selva y no un Estado de derecho", agregó.

El ministro del Interior asegura que desde su departamento no ha habido ni "invasión" de competencias ni "deslealtad" respecto a la policía autónoma. No obstante, reconoció que han podido producirse equivocaciones y "chapuzas" cuando se trata de algo tan complejo como proteger a los 250 concejales y cargos electos del PP.

Según José Manuel Martiarena, viceconsejero vasco de Seguridad, "nunca sobran medidas" de protección frente a ETA, pero considera que es prioritario ordenar el trabajo de la Ertzaintza, la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, las policías locales y los servicios de seguridad privada que desempeñan esta tarea.

Martiarena declaró a la cadena SER que el "problema de fondo" es que el CNP conserva aún la misma estructura que tenía cuando este cuerpo se ocupaba de la seguridad ciudadana y el orden público. "Tiene todavía una brigada de seguridad privada, una unidad de escoltas, de explosivos, de seguridad ciudadana y de intervención policial... Todas están duplicadas con respecto a las que tiene la Ertzaintza y cuando hay servicios duplicados suele haber problemas".

El vicesecretario general de Eusko Alkartasuna, Rafael Larreina, acusó al Gobierno español de estar intentando dar paso a una "involución" en el proceso de autogobiemo de Euskadi.